
>> La CADH entrega al Congreso de Oaxaca iniciativa pionera en México, diseñada con consulta previa a comunidades indígenas y afromexicanas
Enlace de la Costa
Oaxaca de Juárez
10 de diciembre de 2024
En un acto histórico para el estado de Oaxaca, la titular de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Flor Estela Morales Hernández, entregó a Benjamín Viveros Montalvo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, la iniciativa de Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Una Ley Construida con las Comunidades
Oaxaca se convierte en el quinto estado en legislar sobre el desplazamiento forzado interno y el primero en incluir un proceso de consulta previa, libre e informada con comunidades indígenas y afromexicanas.
Este logro se llevó a cabo mediante la realización de 52 procesos de diálogo, en los que participaron: Autoridades municipales y comunitarias; representantes agrarios y de organizaciones de la sociedad civil; víctimas de desplazamiento y representantes de lugares de acogida.
La consulta fue diseñada con el acompañamiento de organismos internacionales y coordinada por diversas dependencias del gobierno estatal, asegurando que la perspectiva y las necesidades de las comunidades afectadas fueran incluidas en la ley
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Reconocimiento a la Colaboración
Flor Estela Morales, quien acudió en representación del gobernador Salomón Jara Cruz, destacó la participación activa de instituciones como la Secretaría de Gobierno (Sego), la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (SIPICIA), y la Coordinación de Delegados de Paz, que fueron fundamentales para el éxito del proceso consultivo.
La titular subrayó que esta iniciativa representa un paso importante hacia el reconocimiento y la reparación de los derechos de las personas desplazadas, al mismo tiempo que fortalece los mecanismos de atención integral en el estado.
Contexto y Alcances
El desplazamiento forzado interno es un problema que afecta a numerosas comunidades en Oaxaca, derivado de conflictos agrarios, sociales y de inseguridad.
Esta ley busca establecer medidas preventivas, sanciones y mecanismos de reparación integral, con un enfoque de derechos humanos y justicia social.
Próximos Pasos
La iniciativa será discutida en el Congreso del Estado, marcando un precedente en el diseño de políticas públicas incluyentes que garantizan la participación activa de los pueblos originarios.