Uno de los elementos importantes para el desarrollo de un sistema educativo y del proceso de aprendizaje, es la infraestructura con la que se cuenta en las escuelas, que permita tener condiciones adecuadas para que los niños y los jóvenes puedan generar mejores resultados en sus desempeños académicos.

Luis Gallegos

La Secretaría de Educación Pública en el país no tiene en este rubro los mejores resultados, ya que de acuerdo al hoy extinto INEE, en México 7 millones de estudiantes y 750 mil maestros acuden a escuelas con algún tipo de carencia, es decir, que no cuentan con algún servicio básico, o con la infraestructura necesaria para desempeñar sus actividades.

La precariedad en términos de infraestructura y de servicios en las instituciones educativas se ve maximizada en los Estados del sur, en donde, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla, de acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública en estas entidades el 52 por ciento de las escuelas carecen del servicio de agua potable, mientras que 78 por ciento no tiene servicio de drenaje, y 92 por ciento no cuenta con acceso a internet.

La carencia de servicios mínimos para la estancia de los estudiantes en las escuelas, es más marcada en la región sur del país, en donde seguramente existe una mayor necesidad de escuelas bien equipadas y que cuenten con cada uno de estos servicios.

La precariedad de las instituciones ha sido un tema que ha adquirido un alto nivel de complejidad para poder superar, ya que la mayor parte de las escuelas carece de recursos que podrían ayudar a la restauración de aulas, áreas deportivas, etc., y muchas de estas sobreviven en cuanto a su mantenimiento se refiere a través de las cuotas pagadas cada inicio de ciclo escolar.

La administración federal pasada, planteó la eliminación de estas cuotas, propuesta que parecería adecuada y difícil de rechazar, sin embargo, nunca dio una respuesta de cómo podrían mantenerse las escuelas sin este recurso. La cuota cobrada cada inicio de ciclo escolar en muchas de las escuelas sirve para la compra de material de limpieza, para el mantenimiento de pupitres u otros muebles de las instituciones, ante la incapacidad del Estado de garantizar los recursos para esta labor.

Esta incapacidad del Estado de garantizar las condiciones mínimas en términos de infraestructura puede observarse perfectamente en el Estado de Oaxaca, en donde, a raíz de los sismos de 2017, no ha sido capaz de terminar con el proceso de reconstrucción de las escuelas. Entendido como una necesidad prioritaria para los pertenecientes a estas instituciones y que muchos de ellos hoy toman clases en condiciones no idóneas y a altas temperaturas.