El Tren Maya, una de las obras emblemáticas del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vuelve a estar en el centro de la polémica tras el descarrilamiento de dos vagones el pasado 19 de agosto en la estación de Izamal, Yucatán. El director del proyecto, Óscar David Lozano, lo calificó como “una anomalía” provocada por un error en los cambios de vía automatizados.

Aunque el incidente no dejó víctimas, revivió críticas sobre la ejecución acelerada y los graves problemas estructurales del megaproyecto, que ha acumulado más de 60 muertes laborales, múltiples fallas operativas, cambios arbitrarios de trazado y serias acusaciones de corrupción.

El Tren Maya fue planeado con un presupuesto inicial de 150 mil millones de pesos, pero cerró en casi 500 mil millones. Las constructoras alertaron desde 2019 que se requerían al menos 36 meses por tramo, pero el gobierno redujo los plazos a solo 28. Expertos como José Gasca Zamora, de la UNAM, advierten que el proyecto no pasó por suficientes pruebas y que México no cuenta con la experiencia ferroviaria necesaria para obras de esta magnitud.

Desde su primera “inauguración” en diciembre de 2023, se han reportado al menos 45 fallas: retrasos, interrupciones del servicio, fallos mecánicos y problemas con el aire acondicionado. El incidente en Izamal es el segundo descarrilamiento en cinco meses, sumando al ocurrido en marzo en Tixkokob.

Un informe de Cohesión Comunitaria e Innovación Social documenta 64 muertes laborales entre 2021 y septiembre de 2024, la mayoría ocurridas en los últimos dos años por la presión política para inaugurar la obra antes de julio de 2024.

Especialmente controvertido fue el Tramo 5 (Cancún-Tulum), que sufrió varios rediseños sin permisos ambientales. Se terminó construyendo con 10 mil pilares elevados, lo que afectó cenotes y ríos subterráneos de la Selva Maya, pese a los intentos por justificarlo como una medida de “protección ambiental”.

Los casos más graves se dan en el Tramo 3, donde ocurrieron ambos descarrilamientos. Un reportaje de Latinus reveló audios comprometedores entre contratistas vinculados con los hijos del expresidente. En ellos, se presume el uso de materiales de mala calidad y sobornos para validar estudios falsos. “Y ya cuando se descarrile el tren, va a ser otro pedo”, se escucha en una de las grabaciones.

Aunque el gobierno actual ha evitado pronunciarse directamente, la falta de sanciones, las prisas electorales y la opacidad en los contratos siguen generando dudas sobre uno de los proyectos más ambiciosos —y polémicos— de la historia reciente.