La Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía Electoral facilitaron un acuerdo comunitario que garantiza sus derechos político-electorales.

Enlace de la Costa

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), informó que una mujer indígena identificada como A.C.G., quien funge como síndica municipal en San Francisco Sola, logró recuperar el ejercicio pleno de su cargo a través de un acuerdo comunitario respaldado por los Sistemas Normativos Indígenas.

El caso, ocurrido en el distrito de Sola de Vega, en la región de la Sierra Sur, fue atendido como un acto de violencia política en razón de género, luego de que autoridades municipales le impidieran ejercer sus funciones como síndica.

De acuerdo con las investigaciones, A.C.G. enfrentó actos de obstrucción por parte de L.G.C., suplente de la presidencia municipal, y J.G.C., regidor de obras, quienes tomaban decisiones administrativas sin su participación. Estas acciones afectaron sus derechos político-electorales y configuraron un caso de violencia política de género.

Frente a esta situación, la FGEO presentó los elementos necesarios ante la Jueza de Control, quien avaló que las partes involucradas pudieran resolver el conflicto a través de un acuerdo en Asamblea Comunitaria, respetando la voluntad de la víctima y los principios de los Sistemas Normativos Internos que rigen en la comunidad.

Como resultado del acuerdo comunitario, se garantizó a la víctima:

• La restitución de sus derechos político-electorales

• El ejercicio pleno de sus funciones como síndica municipal

• Un compromiso de respeto mutuo entre las partes

• La emisión de una disculpa pública

La Jueza de Control declaró la extinción de la acción penal tras verificar que la víctima aceptó voluntariamente someter el caso a la jurisdicción indígena y que el acuerdo comunitario cumplía con los principios de justicia y equidad.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso con la erradicación de la violencia política de género y con la defensa de los derechos político-electorales de las mujeres, especialmente en contextos indígenas, donde el respeto a los sistemas normativos debe ir acompañado de una perspectiva de género y derechos humanos.

Este caso marca un precedente en la aplicación conjunta de la justicia comunitaria y la institucional, demostrando que es posible garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y respeto cultural.

Fuente:
Fiscalía General del Estado de Oaxaca