
> Con la firma de estas leyes, CFE y Pemex recobran su rol central en el sector energético del país, eliminando las restricciones que las reformas de 2013 habían impuesto a su operación.
Enlace de la Costa
Ciudad de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este lunes un paquete de leyes secundarias que revierten los cambios implementados por la reforma energética de 2013, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con esta firma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se fortalecen como empresas públicas, un paso que, según el gobierno, garantizará la soberanía energética de México.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que estas reformas se alinean con los principios de la Austeridad Republicana y buscan hacer más eficientes y transparentes las operaciones de las empresas del Estado. “Estamos recuperando el sentido público de CFE y Pemex como garantes de la provisión de energía para el pueblo de México y como pilares de la soberanía nacional”, expresó Sheinbaum, calificando las reformas como “históricas”.
Reestructuración del sector energético
El paquete de leyes firmado por Sheinbaum incluye seis nuevas leyes clave:
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad
- Ley de Planeación y Transición Energética
- Ley del Sector Eléctrico
- Ley del Sector Hidrocarburos
- Ley de la Comisión Nacional de Energía
Así como la armonización de cinco adicionales:
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
Ley de Biocombustibles
Ley de Geotermia
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
Justicia energética y participación privada
La reforma también incluye la creación de nuevos mecanismos de planeación energética, como el Programa Sectorial de Energía y el Plan de Transición Energética. Estos planes permitirán reducir las desigualdades en el acceso y uso de la energía, con especial énfasis en las comunidades más vulnerables. Asimismo, la iniciativa establece una mayor participación del sector privado, pero siempre respetando la predominancia de las empresas públicas en áreas clave como la generación de electricidad.
Con respecto a Pemex, se establece un régimen fiscal específico para fortalecer la industria petrolera nacional, mejorar la trazabilidad de los combustibles y fomentar la producción de fertilizantes. La ley también otorga a Pemex la prioridad en la asignación de áreas de exploración y extracción, y permite asociaciones con el sector privado bajo esquemas mixtos.
Inversión y desarrollo
Un aspecto fundamental de estas reformas es el plan de inversiones proyectado para CFE hasta el año 2030, que contempla una inversión de 23,400 millones de dólares, con el objetivo de generar 13,000 megawatts, mejorar la transmisión y garantizar la distribución de energía. Estos esfuerzos se enmarcan dentro de la visión del gobierno de asegurar electricidad suficiente y a precios accesibles para el desarrollo del país.
“Esta reforma da viabilidad al futuro energético de México, asegurando justicia energética y recursos suficientes para la población más vulnerable”, afirmó la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar.
Implicaciones y reacciones
Con la firma de estas leyes, CFE y Pemex recobran su rol central en el sector energético del país, eliminando las restricciones que las reformas de 2013 habían impuesto a su operación. La medida es vista por el gobierno como un paso decisivo hacia la consolidación de un sector energético fuerte, confiable y autónomo, con un enfoque en la justicia social.
La ley de la Comisión Nacional de Energía, otro componente clave del paquete, crea un nuevo órgano desconcentrado que supervisará y regulará la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como la cadena productiva de hidrocarburos y gas natural.
Fuente: Secretaría de Energía, Gobierno de México.