>< El Congreso aprueba internamiento voluntario en albergues sin asegurar condiciones dignas ni presupuesto. Especialistas alertan sobre abandono institucionalizado
Con 31 votos a favor, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el pasado 30 de septiembre una reforma a la Ley para la Protección de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que permite a este sector solicitar voluntariamente su internamiento en instituciones de asistencia social. Aunque presentada como un avance en derechos humanos, la medida ha desatado críticas por carecer de sustento institucional, financiero y de garantías reales para su implementación.
La reforma, promovida por las diputadas Elvia Gabriela Pérez López, Eva Diego Cruz y Melina Hernández Sosa, adiciona un inciso al artículo 9 de la ley estatal para reconocer la autodeterminación de los adultos mayores en materia de cuidado. Sin embargo, analistas, especialistas en gerontología y organizaciones sociales denuncian que se está legislando un derecho que el propio Estado no puede garantizar.
Oaxaca cuenta con una población adulta mayor de aproximadamente 419 mil personas, según el Censo 2020. Muchas de ellas viven en condiciones de pobreza, abandono o sin acceso a servicios básicos. El Congreso justifica la reforma señalando la necesidad de brindar cuidados integrales. Pero la realidad es contundente: no existen suficientes instituciones, personal capacitado ni recursos para garantizar ese derecho.
Una muestra de esta precariedad es la Casa Hogar “Los Tamayo”, uno de los pocos albergues especializados en la capital del estado. Funciona con recursos limitados y depende del apoyo externo para subsistir. No hay red estatal suficiente para responder a una posible demanda de internamiento voluntario masivo.
Más grave aún, la reforma no contempla estándares de calidad, mecanismos de supervisión independientes ni sanciones por maltrato, una omisión preocupante en un contexto donde los abusos hacia adultos mayores son frecuentes.
Maltrato sistemático y silencio institucional
El maltrato en instituciones de cuidado es una problemática reconocida por organismos internacionales. La Organización Mundial de la Salud estima que 2 de cada 3 trabajadores en centros de atención de larga estancia han incurrido en algún tipo de abuso en el último año. En México, estudios de la UNAM revelan que más del 32% de los adultos mayores ha sido víctima de maltrato, predominando el psicológico.
A pesar de esto, la reforma oaxaqueña no incluye nuevas protecciones ni asignaciones presupuestales, lo que hace temer que muchos adultos mayores acepten el internamiento por desesperación económica y no por verdadera autodeterminación.
¿Voluntario o forzado por la necesidad?
Las diputadas argumentan que la medida garantiza “autonomía” y “libertad de decisión”. Sin embargo, ¿qué tan libre puede ser una decisión tomada en un contexto de pobreza extrema, abandono familiar y falta de servicios comunitarios?
Organismos internacionales y modelos exitosos de atención al envejecimiento, como el escandinavo, priorizan el envejecimiento en comunidad y la atención domiciliaria, relegando el internamiento a una última opción. En contraste, la reforma oaxaqueña normaliza el internamiento sin ofrecer alternativas reales.
Sin consulta, sin presupuesto, sin garantías
En todo el proceso legislativo no hubo consulta con organizaciones de adultos mayores, especialistas, trabajadores del DIF ni con los propios beneficiarios potenciales. Además, la iniciativa no crea nuevos espacios, no fortalece los existentes, ni destina recursos adicionales.
La narrativa oficial la presenta como un complemento a los servicios actuales del DIF Oaxaca, pero esa admisión es reveladora: solo se “complementa” un sistema ya colapsado, sin construir uno nuevo ni fortalecer el existente.
Un patrón repetido de simulación legislativa
No es la primera vez que el Congreso de Oaxaca aprueba leyes sin prever cómo hacerlas viables. En 2022, legisló para obligar a las familias a cubrir las necesidades psicoemocionales de los adultos mayores, sin considerar la situación material de esas familias. Ahora reconoce que muchas personas mayores viven en pobreza y desprotección, pero su “solución” nuevamente ignora la realidad estructural.
El riesgo es evidente: esta reforma podría legitimar el abandono institucionalizado, disfrazándolo de “derecho voluntario”. Sin presupuesto, sin inspección, sin infraestructura y sin participación ciudadana, el internamiento se convierte más en una salida forzada que en una elección digna.
La pregunta que falta
¿Consultaron a los adultos mayores sobre qué tipo de cuidados desean? ¿Prefieren envejecer en comunidad, con apoyos cercanos, o ser institucionalizados? Las respuestas no importaron en esta reforma, y ese vacío revela una profunda desconexión entre legisladores y ciudadanía.
La reforma oaxaqueña al internamiento voluntario de adultos mayores simula un avance de derechos humanos, pero sin condiciones materiales ni garantías mínimas, puede convertirse en una herramienta para justificar el abandono.
El reto de fondo no es legislar por legislar, sino construir un sistema de cuidados reales. Los 419 mil adultos mayores de Oaxaca no necesitan nuevas promesas. Necesitan presupuesto, infraestructura, personal capacitado, vigilancia, atención médica y, sobre todo, ser escuchados.
Sagrario Martínez / Froylán Méndez Ferrer
Agencia de Noticias ANSIC.MX
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