Otorgan más poder a Seculta en defensa del patrimonio indígena, pero su titular ha sido acusado por delitos graves
La reciente reforma al artículo 57 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca ha generado tanto celebraciones como dudas entre expertos, legisladores y comunidades originarias. Aunque la nueva disposición busca proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, críticos advierten que podría convertirse en un mecanismo de control político y clientelismo electoral.
La LXVI Legislatura de Oaxaca aprobó la modificación que otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), permitiéndole asesorar legalmente a comunidades en casos de apropiación cultural indebida, canalizar denuncias y crear un sistema estatal de salvaguarda de conocimientos ancestrales.
Según la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez, promotora del decreto, esta reforma permitirá que los pueblos “presenten solicitudes formales y defiendan lo que es suyo por derecho y por historia”.
La medida alinea el marco legal local con la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, aprobada en 2022, e intenta reforzar el derecho colectivo a la propiedad intelectual de expresiones culturales y saberes tradicionales.
Sin embargo, voces críticas alertan sobre el riesgo de instrumentalización política, especialmente en un estado con fuerte presencia de conflictos agrarios, disputas territoriales y uso recurrente del discurso indígena como herramienta de presión ante megaproyectos.
Investigadores y analistas han documentado cómo, en diversas regiones del país, comunidades utilizan la “protección cultural” como argumento estratégico para negociar concesiones o bloquear obras públicas, una dinámica que algunos políticos han descrito como “chantaje cultural”.
El debate se intensifica al considerar quién encabeza la dependencia. El actual titular de Seculta, Flavio Sosa Villavicencio, es un operador político cercano a Morena, con antecedentes penales. Durante el conflicto social de 2006 en Oaxaca, fue detenido y enfrentó cinco autos de formal prisión por delitos como secuestro, despojo, lesiones e incendio.
Aunque posteriormente fue liberado, su historial levanta inquietudes sobre la imparcialidad y legitimidad de Seculta para representar los intereses colectivos de comunidades históricamente marginadas.
En este contexto, líderes comunitarios han expresado su temor de que el acceso a la asesoría legal o la validación de quejas culturales pueda depender de la afinidad política con el gobierno estatal o su partido.
El caso de la Mixteca oaxaqueña ilustra esta tensión. En 2021, la senadora Susana Harp, también aliada de Morena y de Flavio Sosa, impulsó la ley federal de protección del patrimonio cultural durante reuniones con artesanos locales, en un momento en que buscaba apoyo político en regiones indígenas.
Especialistas en antropología política describen estas acciones como parte de una “economía del chantaje”, donde las comunidades son empujadas a “negociar su identidad” con el Estado a cambio de recursos, apoyos o concesiones legales.
A pesar de las críticas, organizaciones culturales coinciden en que la reforma representa un avance legal necesario en la defensa de derechos colectivos. El desafío radica en su implementación. Si el marco legal no es acompañado por procesos transparentes, inclusivos y alejados del clientelismo, podría terminar por revictimizar a las mismas comunidades que dice proteger.
“Que nuestro patrimonio no sea usado como moneda de cambio”, reclamó una autoridad comunal de la Sierra Norte, quien pidió mantenerse en el anonimato por temor a represalias políticas.
Mientras el gobierno estatal, encabezado por Salomón Jara Cruz, destaca la iniciativa como un hito cultural, las comunidades exigen algo más concreto: que su identidad y sus derechos no sigan siendo utilizados como herramientas políticas.
Fuente: LXVI Legislatura del Estado de Oaxaca, Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, entrevistas comunitarias, archivos periodísticos.
