>> La nueva ley plantea corresponsabilidad ecológica, pero omite mecanismos claros y consulta previa a pueblos originarios y afromexicanos
Una reforma legislativa aprobada recientemente en el Congreso local ha generado debate en Oaxaca por establecer responsabilidades colectivas para la conservación ambiental, pero sin garantizar el reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas y afromexicanos como actores clave.
Impulsada por la diputada Karla Clarissa Bornios Peláez (Morena), la reforma modifica los artículos 48 y 52 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente de Oaxaca (LEEAPEO). Los cambios buscan imponer deberes ambientales a autoridades, ciudadanos, comunidades y organizaciones, con énfasis en una visión intercultural que reconoce los conocimientos tradicionales.
Sin embargo, especialistas y líderes comunitarios han expresado preocupaciones por la falta de mecanismos vinculantes, financiamiento y, sobre todo, consulta previa, como establece el Convenio 169 de la OIT.
La reforma, inspirada en el Acuerdo de Escazú, asocia la protección ambiental con la preservación cultural, al reconocer que la pérdida de biodiversidad también impacta tradiciones como la medicina tradicional, el arte, la gastronomía y las lenguas originarias.
“El maíz criollo, domesticado hace más de 9,000 años, está amenazado. Si se pierde, se pierde historia, sabor y resistencia”, advierte Estela Díaz, experta en agroecología. La reforma busca justamente evitar esa pérdida integrando perspectivas ancestrales a la política ambiental.
Según el Sistema de Monitoreo de la Deforestación en México (SAD-México), Oaxaca perdió más de 40,000 hectáreas de cobertura forestal entre 2020 y 2023, principalmente por ganadería intensiva, incendios y obras de infraestructura.
Esta degradación amenaza no solo la biodiversidad, sino también la base del conocimiento tradicional que sustenta prácticas como la herbolaria y la espiritualidad indígena.
“Cuando desaparecen las plantas medicinales como el copalillo, desaparecen formas de entender la salud y el equilibrio”, señala la médica tradicional Doña Marina, de la Sierra Sur.
A pesar de sus intenciones, el artículo 48 no especifica cómo se implementarán las nuevas obligaciones ni con qué recursos contarán las comunidades para cumplirlas. El artículo 52 habla de participación intercultural, pero omite el derecho a la consulta libre, previa e informada, lo que contradice los compromisos internacionales del Estado mexicano.
“No se puede imponer una obligación colectiva sin justicia ambiental ni reconocimiento de sistemas normativos propios”, advirtió la investigadora de la UNAM Gabriela Méndez.
Actualmente existen más de 300 concesiones mineras activas en Oaxaca, muchas en territorios indígenas y zonas de alta biodiversidad. Para líderes comunitarios, el problema no es solo la ley, sino la contradicción entre exigir cuidado del medio ambiente y permitir megaproyectos sin consentimiento.
“Nos piden cuidar el bosque mientras otorgan concesiones eólicas y mineras en nuestras tierras. ¿Dónde está la coherencia?”, cuestiona Jerónimo Ramírez, autoridad agraria en la Mixteca.
Expertos coinciden en que la reforma solo será efectiva si se acompaña de inversión pública, transparencia y voluntad política. Países como Bolivia y Nueva Zelanda han avanzado al reconocer derechos legales a la naturaleza y empoderar a pueblos indígenas como guardianes ecológicos.
En Oaxaca, donde 65% de la población se identifica como indígena o afromexicana, existen ya formas comunitarias de cuidado ambiental: asambleas que protegen bosques, escuelas que enseñan lenguas originarias y huertos que preservan semillas nativas.
“No se trata de obligar, sino de fortalecer procesos que ya existen desde abajo. Solo así esta reforma será justicia ecológica y no promesa vacía”, concluyó Méndez.
Fuente: Froylán Méndez Ferrer / froylanmf@gmail.com
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