>>Especialistas alertan que la iniciativa debilita la protección ciudadana ante abusos del poder; el dictamen se vota hoy

 Ya aprobada en el Senado y comisiones de la Cámara de Diputados, ha encendido una señal de alerta nacional. De ser votada favorablemente en el pleno, millones de mexicanos podrían quedar desprotegidos frente a decisiones arbitrarias del Estado, según advierten juristas, legisladores de oposición, organizaciones civiles y comunidades vulnerables.

El dictamen —impulsado por el Ejecutivo federal y respaldado por la mayoría oficialista— reconfigura el juicio de amparo, figura clave del sistema jurídico mexicano desde el siglo XIX. La minuta incorpora términos como “interés social” y elimina elementos esenciales como el interés legítimo en ciertos casos, además de restringir suspensiones temporales que hoy permiten detener actos de autoridad mientras se resuelve un juicio.

¿Modernización o debilitamiento de la justicia?

Mientras el gobierno federal promueve la reforma como un paso hacia una “justicia más eficiente”, expertos alertan sobre un retroceso en derechos humanos y en la división de poderes. La jueza Ileana Moreno Ramírez sostuvo que la iniciativa “viola el artículo 107 constitucional” al restablecer condiciones como la exigencia de “daños de difícil reparación”, lo que complica el acceso efectivo a la justicia.

Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte y senadora con abstención clave en la votación en comisiones, advirtió que la reforma afecta a sectores históricamente vulnerables, como comunidades indígenas, colectivos LGBTIQ+ y grupos ambientalistas, al exigirles demostrar afectaciones directas para poder defenderse colectivamente.

En palabras del abogado Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México:

“Quedamos las y los ciudadanos mucho más desprotegidos. El Estado será juez, parte y verdugo”.

Uno de los puntos más polémicos es la limitación a los amparos colectivos, un recurso utilizado por organizaciones civiles para defender causas ambientales, territoriales y sociales. La diputada Carmelita Ricardez, del PRI, calificó la reforma como “una sentencia de muerte al derecho colectivo”:

“Sin el interés legítimo, solo quien tenga dinero podrá defenderse. Eso no es justicia, es autoritarismo”.

El impacto también llegaría al sector productivo. Paulo Martínez, diputado opositor, alertó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) —que generan más del 80% del empleo en México— perderían herramientas para frenar auditorías injustificadas o actos administrativos lesivos.

Amplia oposición en audiencias públicas

Durante tres días de audiencias públicas en la Cámara de Diputados, 45 expertos expusieron argumentos técnicos y constitucionales contra la reforma. El exsenador Roberto Gil Zuarth la calificó como

“Uno de los mayores retrocesos jurídicos del juicio de amparo desde su creación”.
Acusó que la figura del “interés público” será utilizada para negar suspensiones, favoreciendo al gobierno en cualquier litigio.

El tema ha escalado rápidamente en redes sociales. La etiqueta #DefiendeElAmparo circula con fuerza en X, donde usuarios, académicos y medios nacionales expresan su preocupación. La Jornada, Reforma y otros diarios han documentado el avance de la minuta, mientras que organizaciones como Coparmex denuncian que el cambio afectará la inversión y la certeza jurídica.

La diputada Iraís Virginia Reyes, de Movimiento Ciudadano, lamentó que la reforma se discutiera sin escuchar realmente a expertos:

“Fue una mentada de madre a la inteligencia jurídica del país”.

Más allá de lo legal, el debate es político y de fondo. México es un país con antecedentes de abusos de poder, como despojos de tierras, daños ambientales y arbitrariedades fiscales. En ese contexto, el juicio de amparo ha funcionado como escudo frente a actos del Estado.

La reforma forma parte de un paquete más amplio que incluye la elección popular de jueces, una propuesta que genera preocupaciones por su potencial para politizar el Poder Judicial.

“Debilitar el amparo es debilitar la democracia”, afirmó Sánchez Cordero, en uno de sus pronunciamientos más duros contra el gobierno del que formó parte.

El voto en el pleno de la Cámara de Diputados está programado para hoy, con la posibilidad de presentar reservas que modifiquen el dictamen. Si se aprueba tal como está, México enfrentará un cambio de fondo en su sistema de justicia, en el que la protección de los ciudadanos podría pasar a segundo plano frente a los intereses del gobierno.

Fuente: Agencia de Noticias ANSIC.MX.

Autor: Froylán Méndez Ferrer