>> La subcontratación se ha usado como forma de defraudación fiscal y, sobre todo, afecta a los trabajadores porque les niega prestaciones

>> La iniciativa armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR e IVA

Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Ciudad de México
13 de noviembre de 2020

Para construir un mercado laboral más equitativo, justo y productivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana la iniciativa de reforma integral que armoniza la Ley Federal del Trabajo, el Código Fiscal, así como las leyes del Seguro Social, Infonavit, ISR e IVA.

“Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación llamada outsourcing, que se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y, sobre todo, que afecta a los trabajadores.”

El primer mandatario recordó que la subcontratación es un modo de negar prestaciones, ya que, en muchas ocasiones, los trabajadores son despedidos cuando concluye el año para ser recontratados posteriormente, entre otras afectaciones.

“Estamos seguros de que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y, en su caso, podrá aprobarse; ojalá sea lo más pronto posible.”

En representación del grupo de trabajo que conformó la iniciativa, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, destacó que la propuesta se fundamenta al considerar al trabajo como un derecho y no como mercancía; recupera la vigencia de los derechos laborales, evita la competencia desleal hacia las empresas que cumplen y fortalece la seguridad social y la hacienda pública.

Explicó que, para ello, la reforma regula tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios y obras especializadas, así como las agencias de colocación.

Expuso que, en el primer caso, se prohíbe la subcontratación de personal que evita que una persona física o moral proporcione o tenga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra:

“Es decir, no puede haber empresas que simulen sus relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados por otros.”

Abundó que serán permitidos los servicios especializados y las obras especializadas, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica principal de la empresa que los contrate. Las empresas de servicios u obras especializadas requerirán autorización de la STPS y formarán parte de un padrón público.

La secretaria del Trabajo agregó que las agencias de contratación podrán intervenir en el proceso de contratación, es decir, en lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, pero en ningún caso el intermediario se considerará patrón ni podrá contratar en sustitución.

Aseguró que serán más severas las sanciones a las empresas que no cumplan, se procesará por el delito de defraudación fiscal y no se permitirá que se deduzcan impuestos por esta actividad.

Refirió que, de acuerdo con estimaciones proyectadas a 2020, existen alrededor de 4 millones 600 mil trabajadores en esquemas de subcontratación; sin embargo, no se tienen registros claros y la cifra podría ser mayor.

“Datos del IMSS permiten saber que el crecimiento anual de la subcontratación es de 200 mil trabajadores, que la mitad del personal subcontratado labora en empresas grandes de más de 250 trabajadores y que se encuentran principalmente en industrias como la manufacturera, el turismo u otros servicios.”

Recordó que la subcontratación es un mecanismo que afecta a los trabajadores en sus pensiones, jubilación, fondos de vivienda, liquidaciones e indemnizaciones, despidos, licencias de maternidad, accidentes, incapacidades, reparto de utilidades y antigüedad.

Además, impide la organización libre de los trabajadores y la negociación colectiva, por ende, la posibilidad de mejoras salariales.

Finalmente, señaló que este fenómeno afecta a la hacienda pública, ya que la subcontratación de personal está relacionada con empresas fachada y factureras que evaden impuestos y defraudan al fisco, afectando los servicios públicos.

También acompañaron al presidente López Obrador las y los integrantes del grupo de trabajo responsables de la formulación de esta iniciativa: el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez; el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; y la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.

Igualmente, los directores generales del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, así como el consejero adjunto de Control Constitucional de la Consejería Jurídica de Presidencia, Raúl Mauricio Segovia Barrios.