Las remesas, más que estrategia de desarrollo, se han vuelto un salvavidas de emergencia para un estado sin alternativas reales

En 2025, Oaxaca atraviesa una de sus crisis económicas más profundas y estructurales en décadas. Pese al auge turístico internacional que ha elevado la llegada de visitantes en un 77% desde 2020, la aparente bonanza esconde una realidad alarmante: el crecimiento económico local no se distribuye equitativamente y, en muchos casos, empeora la vida de sus propios habitantes.

Detrás del folclore, la gastronomía globalizada y la explosión de galerías para extranjeros, el verdadero motor de la economía oaxaqueña son los migrantes. Las remesas enviadas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, superaron los 3 mil 400 millones de dólares en 2024, representando más del 5% del total nacional, y financiando el consumo de miles de familias que dependen de ellas para sobrevivir.

Entre enero y agosto de 2025, Oaxaca recibió 1,678 millones de dólares en remesas, según datos del Banco de México. Este flujo no solo sostiene el consumo básico de las comunidades más pobres, sino que subsidia indirectamente el estancamiento de la política económica local.

Pero esta dependencia estructural tiene un costo: fomenta la migración forzada, desintegra núcleos familiares, agota la mano de obra joven y expone la economía estatal a decisiones migratorias de gobiernos extranjeros.

En abril de 2025, el flujo de remesas a nivel nacional cayó un 12.1% en comparación con el año anterior. Esta baja —atribuida a la política antiinmigrante de Donald Trump y la desaceleración económica en EE.UU.— ya afecta severamente a estados como Oaxaca, donde el consumo interno depende de ese ingreso externo.

“El problema es que las remesas no son una estrategia económica; son un parche para un sistema roto”, advierte un análisis reciente del Baker Institute, en Houston. La pasividad del gobierno morenista frente a este fenómeno ha sido objeto de duras críticas por parte de economistas y organizaciones civiles.

La otra cara del modelo económico oaxaqueño es el turismo. Aunque ha generado empleos e inversión, ha provocado gentrificación, encarecimiento de la vivienda y escasez de recursos básicos como el agua. Los barrios tradicionales de la capital han sido desplazados por desarrollos boutique, mientras comunidades indígenas enfrentan sequías agravadas por proyectos como la represa Paso Ancho, revivida en 2024 pese a su historial de fracasos.

Además, grandes corporaciones —incluidas cerveceras— siguen extrayendo agua de acuíferos locales, mientras decenas de municipios padecen cortes prolongados. En vez de invertir en infraestructura sostenible, el gobierno estatal prioriza megaproyectos de impacto cuestionable, según organizaciones ambientales y de derechos humanos.

La crisis económica está entrelazada con el aumento de la violencia, la corrupción institucional y el crimen organizado, que en 2025 han alcanzado niveles alarmantes. Investigaciones periodísticas señalan presuntos nexos entre funcionarios públicos y grupos delictivos, así como prácticas de nepotismo y clientelismo que erosionan la confianza en las instituciones.

Este clima desalienta la inversión productiva, profundiza la migración y perpetúa un modelo económico dependiente de las remesas y el turismo no regulado.

Organizaciones sociales y expertos en desarrollo han señalado que, sin un cambio de rumbo radical, Oaxaca seguirá siendo un estado que exporta pobreza e importa divisas familiares. Entre las propuestas destacan:

• Reforma económica integral centrada en la agricultura sustentable, el comercio justo y el fortalecimiento de cooperativas indígenas.

• Regulación del turismo para garantizar beneficios locales, combatir la especulación inmobiliaria y proteger recursos naturales.

• Inversión estatal y federal en infraestructura básica y resiliencia climática.

• Creación de incentivos fiscales y financieros para microindustrias comunitarias.

Mientras tanto, la vida cotidiana de millones de oaxaqueños sigue dependiendo del dinero enviado por familiares que tuvieron que irse. En ausencia de un modelo económico propio y autosustentable, Oaxaca camina hacia un futuro en el que sus riquezas culturales y naturales se convierten en mercancía, y sus habitantes, en refugiados económicos.

Sin una transformación profunda, la economía estatal no solo seguirá siendo vulnerable, sino que se convertirá en una trampa estructural que desangra su tejido social mientras llena los bolsillos de intereses externos.

Por: Froylán Méndez Ferrer y Sagrario Martínez Sánchez
Afiliados al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)