Cárceles superpobladas, mortalidad creciente y detención preventiva masiva evidencian colapso del sistema judicial.

Enlace de la Costa

El sistema penitenciario de Haití enfrenta una de sus peores crisis en décadas. Entre julio y septiembre de 2025, 52 personas privadas de la libertad murieron en condiciones calificadas por la ONU como “inhumanas y degradantes”, debido al hacinamiento extremo, falta de atención médica, alimentación insuficiente y acceso limitado al agua potable.

A septiembre de este año, más de 7,200 personas permanecían recluidas en cárceles haitianas, muchas con ocupación tres veces superior a su capacidad. El 82% de los internos están en detención preventiva, sin sentencia, lo que contribuye al colapso penitenciario. En algunos centros, personas sin condena comparten celdas con delincuentes sentenciados, e incluso menores con adultos, violando estándares internacionales como las Reglas Mandela.

La violencia de bandas en Puerto Príncipe ha agravado la crisis: el cierre de tribunales, ataques a prisiones y la fuga de 4,600 reclusos en 2024, incluidos líderes criminales, han paralizado el sistema judicial y reducido la capacidad del Estado para garantizar seguridad y procesar casos.

William O’Neill, experto de la ONU en Haití, documentó celdas abarrotadas, sin ventilación adecuada, con escaso acceso a agua y servicios básicos. La desnutrición y la falta de atención médica han convertido enfermedades tratables en mortales. Además, se ha detectado desvío de recursos destinados a la alimentación de los internos y detenciones masivas sin fundamento, como el caso de un hombre que lleva dos años esperando juicio por robar dos pares de zapatos.

Se estima que las bandas controlan hasta el 90% de Puerto Príncipe, limitando el funcionamiento de juzgados y fortaleciendo estructuras criminales con fugitivos que escapan de prisiones. Esto agrava la inseguridad y socava la autoridad estatal.

La ONU promueve medidas para aliviar la crisis, como audiencias dentro de prisiones para reducir la detención preventiva, capacitación de policías y funcionarios penitenciarios, y rehabilitación de centros de detención con servicios básicos. Sin embargo, el organismo subraya que la reforma debe liderarla autoridad judicial haitiana para garantizar resultados sostenibles.

La crisis penitenciaria, enmarcada en pobreza, violencia y desastres naturales, evidencia el profundo deterioro del estado de derecho en Haití y la urgencia de una reforma integral que asegure condiciones humanas y acceso efectivo a la justicia.

Fuente: Naciones Unidas.