Oaxaca avanza en la lucha contra el reclutamiento infantil, pero carece de datos precisos y un plan integral

El Congreso del estado de Oaxaca aprobó el 21 de septiembre de 2025 reformas al Código Penal para castigar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos criminales a través de videojuegos, redes sociales y medios digitales. Esta medida, impulsada por legisladores de Morena y Fuerza por Oaxaca, establece penas de 7 a 12 años de prisión y multas que pueden superar los 95 mil pesos. Sin embargo, especialistas y organizaciones alertan que, sin un sistema de monitoreo y una estrategia preventiva integral, la norma podría quedar solo en papel.

La reforma penal considera agravantes para los casos en que se utilicen medios electrónicos para inducir a menores a cometer delitos relacionados con el crimen organizado, aumentando la prisión hasta 15 años y elevando las multas. Según la legislación, está penado quien manipule, amenace o induzca a una persona menor de 18 años o con incapacidad para comprender sus actos a involucrarse en actividades ilícitas.

La Dra. Elena Mendoza, especialista en derechos de la infancia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), reconoce el avance legal pero enfatiza que la ley es insuficiente sin un enfoque integral: “Regular lo que no se puede medir es como construir una cárcel sin reos”.

Uno de los mayores retos es la ausencia de información confiable. Ni la Fiscalía General del Estado, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos ni organismos internacionales como UNICEF cuentan con denuncias formales por reclutamiento infantil en Oaxaca en los últimos tres años. Esta carencia impide dimensionar el problema y perpetúa un enfoque punitivo que criminaliza a los menores involucrados, sin reconocerlos como víctimas.

Datos nacionales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que entre 2018 y 2024 fueron detenidos más de 2 mil menores por delitos relacionados con armas y narcotráfico, pero no se clasifican los casos como reclutamiento forzado. En Oaxaca, los adolescentes arrestados por narcomenudeo o logística delictiva suelen ser tratados como imputados sin considerar su posible coacción.

Las nuevas tecnologías se han convertido en la vía principal para la captación. Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2022, el 84% de niñas, niños y adolescentes juegan en línea, y una fracción significativa ha sido acosada o contactada por adultos que se hacen pasar por menores. En redes sociales como TikTok e Instagram, perfiles clandestinos atraen a jóvenes en zonas vulnerables con promesas de dinero fácil y estatus.

“El reclutamiento no es siempre violento, es una oferta de ilusión y pertenencia que pocos pueden rechazar”, explica Mendoza. Sin opciones reales, muchos adolescentes aceptan, quedando atrapados en un ciclo de manipulación y amenaza que limita su capacidad de denunciar.

Mientras estados como Guerrero y Michoacán cuentan con protocolos y programas de reinserción para menores reclutados, Oaxaca carece de estrategias específicas y sistemas de protección. El único Centro de Justicia para Adolescentes no tiene mecanismos para identificar víctimas, y programas sociales no alcanzan a cubrir la totalidad de municipios vulnerables.

Expertos coinciden en que criminalizar sin abordar las causas estructurales —como la pobreza, el abandono escolar y la desintegración familiar— condena a la ley a ser solo un instrumento represivo y no una solución real.

El Congreso de Oaxaca ha reconocido un fenómeno oculto que se ha trasladado al mundo digital. Sin embargo, la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes requiere voluntad política para desarrollar una estrategia integral que combine prevención, detección y apoyo socioeconómico. De no hacerlo, la reforma corre el riesgo de ser un buen deseo sin impacto tangible, mientras la infancia sigue expuesta a la influencia del crimen organizado.

Méndez Ferrer, Froylán, y Martínez, Sagrario. “Congreso tipifica reclutamiento infantil, pero sin datos claros ni estrategia integral.” Informe especial, 21 septiembre 2025.