El estado es el primero en legislar con consulta a pueblos originarios y en garantizar por ley el retorno de familias desplazadas.

Enlace de la Costa

En un hecho histórico para la protección de los derechos humanos, el Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, convirtiendo al estado en el primero del país en tipificar como delitos el desplazamiento arbitrario y la negativa a garantizar el retorno de familias desplazadas.

La Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH) celebró este avance normativo, impulsado por el Gobierno de Salomón Jara Cruz, al considerar que responde a una deuda histórica con las víctimas de conflictos sociales, violencia y otras causas que obligan a las personas a abandonar sus hogares.

Oaxaca también se posiciona como la primera entidad en elaborar una legislación en la materia a través de un proceso de consulta con comunidades indígenas, afromexicanas y otros sectores afectados. A través de 52 reuniones territoriales, la CADH integró las voces de víctimas, niñas, niños, adolescentes y autoridades comunitarias en la redacción de la ley.

“Este proceso participativo es un ejemplo de gobernanza inclusiva que coloca a las personas en el centro de la política pública”, destacó la coordinación.

Con esta legislación, Oaxaca se convierte en el quinto estado del país en contar con una ley sobre desplazamiento interno, pero el único en incorporar mecanismos de consulta indígena y afromexicana, acompañados técnicamente por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Durante la sesión, Giovanni Lepri, representante del ACNUR en México, calificó la aprobación como un paso histórico y reconoció el esfuerzo institucional del Gobierno estatal por establecer medidas concretas de prevención, atención y reparación.

“Este marco jurídico no solo prohíbe el desplazamiento forzado, también sienta las bases para mitigar sus impactos en comunidades vulnerables”, afirmó Lepri.

La nueva ley contempla causas diversas de desplazamiento, como violencia de género, conflictos agrarios, religiosos o políticos, desastres naturales, disputas por recursos naturales y discriminación.

Además de la CADH, participaron en el diseño de esta política pública las Secretarías de Gobierno, de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, y la Coordinación de Delegados de Paz Social, reforzando un enfoque transversal de derechos humanos y paz territorial.

Con esta iniciativa, Oaxaca reafirma su liderazgo nacional en materia de legislación con enfoque de justicia social, avanzando hacia un modelo de atención integral que prioriza la dignidad humana y el bienestar colectivo.

Fuente: Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos (CADH), Gobierno del Estado de Oaxaca, ACNUR México