La diputada Elisa Zepeda Lagunas presentó el pasado 22 de septiembre una propuesta de reforma histórica: reconocer el “derecho al tiempo” para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. La iniciativa permitiría que las denuncias puedan presentarse en cualquier momento de la vida, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde el abuso. Sin embargo, este avance normativo enfrenta un desafío mayúsculo: un sistema de justicia incapaz de garantizar resultados reales.

Respaldada por estándares internacionales y recientes resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la propuesta busca armonizar el Código Penal estatal con principios como la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores, ya reconocidos en sentencias paradigmáticas como la del caso Sasha Sokol. Pero las sobrevivientes enfrentan una realidad mucho más compleja: impunidad estructural, falta de recursos, violencia institucional y una profunda desconfianza en las autoridades.

La reforma llega en un contexto alarmante. Según la ENVIPE 2024, el 92.9% de los delitos en México no se investigan, y en casos de violencia sexual, el subregistro es aún mayor. Esta cifra no solo revela un fracaso institucional, sino también la magnitud del silencio impuesto por el miedo, la vergüenza y la revictimización.

En Oaxaca, donde muchas comunidades indígenas enfrentan barreras lingüísticas, presiones familiares y ausencia de intérpretes, la violencia sexual se perpetúa a través de matrimonios forzados, dependencia económica y estructuras patriarcales. En estos contextos, denunciar no solo es difícil: es peligroso.

La SCJN ha declarado inconstitucionales los plazos de prescripción en delitos sexuales contra menores. A nivel internacional, instrumentos como la Convención de Belém do Pará y el Comité de los Derechos del Niño de la ONU exigen a México garantizar el acceso a la justicia sin restricciones temporales.

Pero estos avances legales chocan con un sistema judicial mal preparado: sin ministerios públicos capacitados en trauma, sin peritajes sensibles, sin protocolos interculturales, y con fiscalías que aún desconfían del testimonio de niñas indígenas sin intérprete ni asesoría jurídica.

“La ley puede cambiar, pero si no se acompaña de presupuesto, capacitación y voluntad institucional, se convierte en letra muerta”, advierte la abogada feminista Alejandra González, experta en acceso a la justicia para mujeres.

El “derecho al tiempo” representa una demanda histórica de organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos. La propuesta no solo plantea eliminar la prescripción, sino establecer mecanismos de acompañamiento integral: asesoría jurídica gratuita, intérpretes, protección institucional, apoyo psicosocial y juzgados especializados en trauma.

No obstante, sin recursos asignados ni rendición de cuentas, el riesgo es que la reforma se quede en un gesto simbólico. El Congreso de Oaxaca ya había prometido en agosto de 2025 homologar su Código Penal con estándares internacionales, pero las víctimas siguen enfrentando un sistema que las culpa, las ignora o las abandona.

Expertas como la psicóloga Paula Aguilar, especializada en infancia, insisten en que la violencia sexual infantil es un problema normalizado, invisibilizado y mal atendido. De cada mil casos, solo 10 llegan a juicio, y apenas uno obtiene condena. El 90% de los agresores son personas cercanas a la víctima, lo que dificulta la denuncia y la obtención de pruebas.

“La mayoría de las mujeres que no denunciaron de niñas no lo hicieron porque no pudieron, no porque no quisieron”, explica Aguilar. “Y cuando están listas para hablar, el sistema les cierra la puerta”.

En Oaxaca, solo una ley con visión integral, capaz de transformar el sistema judicial, proteger a las víctimas y sancionar con eficacia, podrá hacer efectivo el derecho al tiempo. De lo contrario, será una promesa más incumplida en uno de los estados con mayor incidencia de violencia sexual en menores.

El debate ya no es si debe reconocerse el derecho a denunciar sin límite de tiempo. Ese consenso existe en la legislación internacional y en la ética pública. El verdadero reto es materializar ese derecho: con juzgados sensibles, fiscalías preparadas, protocolos adecuados, presupuesto etiquetado y un cambio cultural profundo que desactive el miedo a hablar.

Mientras eso no ocurra, el Estado mexicano seguirá condenando al silencio a miles de sobrevivientes, revictimizadas por un sistema que dice protegerlas, pero que no las cree, no las escucha ni las acompaña.

Fuente: Agencia de noticias ANSIC.MX (2025, septiembre). Diputada Zepeda propone el “derecho al tiempo”: pero a las niñas y adolescentes violentadas el sistema les cierra la puerta. Afiliada al SINMCO.