>> La secretaria Irma Eréndira Sandoval afirma que “se mantiene una estricta vigilancia para asegurar los adecuados servicios de salud para la ciudadanía”.

Secretaría de la Función Pública
Ciudad de México
21 de octubre de 2020.

Impone inhabilitación por 30 meses y multa por más de un millón de pesos a las empresas Distribuidora en Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V.
Emite la circular de inhabilitación en el Diario Oficial de la Federación.
La investigación inició desde 2017, tras una denuncia presentada por una empresa del mismo sector Salud.
La Secretaría de la Función Pública, que lidera Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resolvió sancionar a las empresas Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa), y Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., con inhabilitación por 30 meses y multa por un millón 170 mil 95 pesos a cada una.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que “la Función Pública trabaja con transparencia y legalidad para mantener una estricta vigilancia que asegure los adecuados servicios de salud para la ciudadanía. No permitimos la impunidad ante hechos que infringen la ley en materia de compras y contrataciones públicas”.

Tras una minuciosa investigación, en la que se garantizó el derecho de audiencia y se contó con información de otras instituciones, la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas resolvió que las empresas infringieron el artículo 60, fracción IV, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al actuar con dolo y proporcionar información falsa para obtener un contrato con el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).

Durante el proceso de adjudicación de un servicio integral de anestesia en 2017, las empresas presentaron documentación con la que aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir con el contrato; sin embargo, dicha información no respaldaba plenamente la oferta, lo cual representaba un riesgo para la salud de los derechohabientes del IMSS.

La sanción impuesta se deriva de un procedimiento administrativo iniciado desde 2017, a raíz de una denuncia presentada por otra empresa del sector Salud ante el Órgano Interno de Control en el IMSS.