>> Más de 1,500 policías patrullan la zona metropolitana, pero expertos cuestionan eficacia y enfoque reactivo de la acción estatal

En respuesta a la creciente violencia en la zona metropolitana de Oaxaca, el gobierno estatal lanzó la llamada “Operación Cazador”, un despliegue de más de 1,500 policías en espacios públicos como mercados, bancos, plazas, escuelas y transporte público. La estrategia promete “respuesta inmediata” y “proximidad social” con el objetivo de detener a criminales fugitivos por homicidio y feminicidio.

Sin embargo, el operativo, activado el 29 de septiembre, ha generado críticas por su enfoque militarizado y reactivo, la falta de coordinación real entre corporaciones y la ausencia de mecanismos claros de evaluación y rendición de cuentas.

Para la investigadora del Centro de Estudios Ecuménicos y Sociales (CEEY), Mónica Velásquez, el nombre “Cazador” revela una paradoja: “La cercanía social se basa en confianza y diálogo, no en persecución ni enfrentamiento”. El concepto refleja una mentalidad de control y vigilancia que puede generar miedo más que seguridad comunitaria.

Las cifras oficiales reflejan la gravedad del problema: en 2025 se contabilizan al menos 47 homicidios dolosos solo en la zona metropolitana, junto con un aumento significativo en extorsiones, robos y narcomenudeo, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Observatorio Ciudadano de Seguridad y Justicia de Oaxaca (OCSO).

Más del 60% de los delitos violentos ocurren en colonias marginadas como Jalatlaco, Reforma y La Soledad, áreas que quedan fuera del operativo, el cual se concentra en zonas de mayor actividad económica. Raúl Méndez, coordinador del OCSO, critica que esta estrategia prioriza intereses mercantiles, protegiendo principalmente cajeros automáticos y espacios comerciales, mientras comunidades vulnerables carecen de vigilancia.

Además, persisten problemas estructurales como la dispersión de cuerpos policiales y la falta de un mando único. El abogado Fernando Morales señala que la incompatibilidad técnica y rivalidades entre corporaciones limitan la efectividad y contradicen la promesa de “respuesta inmediata”.

Organizaciones civiles alertan sobre posibles abusos derivados del operativo. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha reportado un incremento en denuncias por uso excesivo de la fuerza en acciones similares. Paralelamente, el Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” denuncia que los más de 60 feminicidios registrados en Oaxaca en 2025 evidencian violencia estructural que no es atendida adecuadamente.

Con un presupuesto policial que creció un 35% en tres años, mientras la inversión en prevención apenas aumentó un 8%, especialistas como la comisaria retirada Laura Gómez insisten en que la verdadera proximidad social se logra con policías que recorran y resuelvan problemas cotidianos en las colonias, no con patrullajes masivos y visibles.

La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) del INEGI refleja que el 82% de la población de la zona metropolitana se siente insegura, un dato que contrasta con el optimismo oficial. Para la doctora Velásquez, “la seguridad no se construye con anuncios ni patrullajes espectaculares, sino con justicia social, inversión comunitaria y diálogo constante”.

Fuente: Agencia de Noticias ANSIC.MX | Afiliada al SINMCO
Redacción: Froylán Méndez Ferrer