>> La titular de la Función Pública comparece ante el Pleno de la Cámara de Diputados, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

>> Destaca más de 5 mil sanciones a funcionarios que abusaron de sus encargos y que antes, “sólo se iban a sus casas blancas a disfrutar el botín”.

Secretaría de la Función Pública
Ciudad de México
28 de octubre de 2020.

Señala la supervisión de más de 3 mil 300 procesos de contratación en el sector Salud por más de 9 mil 500 millones de pesos para impedir que la emergencia sanitaria sirva para encubrir desfalcos al pueblo de México.
Las sanciones de la Función Pública alcanzaron a 321 proveedores y contratistas e incluyeron multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos.
Armada con nuevas herramientas jurídicas, la Función Pública es ahora una institución congruente que, en sólo dos años, presentó 513 denuncias penales por corrupción, manifestó esta mañana en la Cámara de Diputados la secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.

Como responsable de hacer prevalecer el interés general sobre cualquier otro y auspiciar los estándares más altos de integridad en el servicio público, la secretaria Sandoval Ballesteros acudió a la Cámara de Diputados para exponer los avances de la política anticorrupción, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso las acciones más importantes de la Función Pública para erradicar la corrupción y la impunidad en México, entre las que destacó medidas como transparentar el uso que se dio a fideicomisos; hacer más estricta la vigilancia de contrataciones públicas, y recuperar recursos del erario federal.

Informó que la Función Pública supervisa más de 3 mil 300 procesos de contratación en el sector Salud por más de 9 mil 500 millones de pesos, para impedir que la emergencia sanitaria sirva para encubrir desfalcos al pueblo de México, y subrayó que en lo que va de esta administración ha sancionado a 321 proveedores y contratistas e impuestos multas resarcitorias por más de mil 500 millones de pesos.

Ante las y los diputados federales de todas las fracciones parlamentarias, la secretaria Sandoval Ballesteros puntualizó que, tras reforzar en los primeros meses de esta administración el combate a la corrupción, la Función Pública aceleró este año las acciones para acabar con la impunidad, dotada de un nuevo andamiaje jurídico en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) jugó un papel fundamental.

Refirió que, para hacer valer la intervención de la Función Pública en los actos de corrupción cometidos antes de 2017, pero investigados después de la entrada en vigor de la actual Ley General de Responsabilidades Administrativas, promovió con éxito una contradicción de tesis ante la SCJN, que devolvió a la dependencia sus facultades sancionadoras y de investigación.

Aseguró que, con el fallo de la Corte publicado el 23 de octubre en el Semanario Judicial de la Federación, la Función Pública actúa contra la impunidad, lo que ejemplificó con las más de 5 mil sanciones a funcionarios que abusaron de sus encargos y que antes, dijo, “sólo se iban a sus casas blancas a disfrutar el botín”.

En lo que destacó como “una línea de cero tolerancia de este gobierno contra las irregularidades” que saquean las arcas públicas, la secretaria Sandoval Ballesteros subrayó las mil 712 inhabilitaciones, 282 destituciones, 382 sanciones económicas y 992 suspensiones impuestas por su administración a servidoras y servidores públicos.

Recordó que todas estas sanciones “se han dictado sin importar el nivel jerárquico o las conexiones políticas de los involucrados”, entre los que destacó a ex secretarios de Estado y ex directores generales de empresas productivas, quienes, dijo, “recibieron las sanciones administrativas más altas porque, a diferencia de gobiernos pasados, no se protege a nadie que tenga deudas con la justicia, ni en México ni en el extranjero”.

En este sentido, advirtió también que “la impunidad ante violaciones a los derechos humanos como la tragedia de la Guardería ABC, la masacre de Tanhuato o la matanza de Nochixtlán, que fueron encubiertos por el despotismo anterior, contrastan con la rápida inhabilitación impuesta por la Función Pública a los responsables del fallecimiento de una niña guatemalteca en una estación migratoria por negligencia médica”.

Señaló que en las Administraciones Portuarias Integrales “hemos realizado más de 200 investigaciones sobre corrupción, colusión, conflictos de interés y diversas faltas administrativas, y hemos realizado casi 100 auditorías, sancionado a media centena de los servidores públicos, involucrados en estas investigaciones”.

La secretaria Sandoval Ballesteros aseveró que este gobierno auspicia el derecho de todas las personas a los servicios de salud, por encima de cualquier interés de lucro y ha castigado a todos los que han especulado con la tragedia que representa la pandemia del Covid-19.

Destacó que el Gobierno de México avanza en la construcción de un sistema de salud más honesto “y donde el Estado no tenga que estar de rodillas ante los intereses privados”, por lo que anunció el respaldo y acompañamiento en la operación de la distribuidora estatal de medicamentos BIRMEX.

La secretaria Sandoval Ballesteros advirtió que la gestión y manejo de los recursos públicos depositados en fondos, fideicomisos y contratos análogos constituían una de las áreas más rezagadas en materia de transparencia por lo que su eliminación es parte de una reforma administrativa anticorrupción y a favor de la transparencia.

Aseveró además que, “anticipándose a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de investigar el manejo de los fideicomisos, la Función Pública programó e inició hace unos meses auditorías para identificar y sancionar las irregularidades y corruptelas al interior de los mismos, e iniciará los procesos de responsabilidad a que haya lugar si hay quienes se resisten a cumplir con la instrucción y el decreto presidencial”.

Explicó que, al cierre de 2019, se registraban 338 fideicomisos sin estructura, con disponibilidades por más de 740 mil millones de pesos, equivalente a 22% del Presupuesto de Egresos de la Federación, y como resultado del análisis instruido por el presidente López Obrador para extinguir aquéllos que no tuvieran sustento en ley, que no fueran mecanismos de deuda, ni respaldaran pensiones o prestaciones laborales, se definió un universo de 76 fideicomisos susceptibles a desaparecer.

Tras expresar su reconocimiento a las y los legisladores por aprobar “una reforma histórica para eliminar 109 fideicomisos más y avanzar hacia una administración más transparente y bajo control presupuestal”, detalló irregularidades en fideicomisos como el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), el Fondo Nacional para la Culturas y las Artes (Fonca), y el Fideicomiso del Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo.

Explicó que sólo en 2019, en el Fodepar se descubrieron: pagos a funcionarios en lugar de a deportistas y contratación de amigos que no cumplían los requisitos para ser entrenadores, mientras que el Fonca nunca contó con una Unidad Responsable ni con personas que dieran certeza jurídica a las decisiones que se tomaban.

Abundó que en el caso de los fideicomisos de los centros públicos de investigación del Conacyt, se realizaban adquisiciones de bienes y servicios sin aplicar la Ley de Adquisiciones ni la de Obra Pública, y se llevaban a cabo obras ajenas a la investigación científica, en tanto que el Fideicomiso de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad está a nombre de una persona física lo cual es inaceptable por más respetable que pudiera ser esa persona.

En su mensaje ante la Cámara de Diputados, la secretaria Sandoval Ballesteros advirtió la decisión de la Función Pública de terminar con las prácticas corruptas que anteponían intereses privados al interés general, e informó que, desde septiembre de 2019, ha recibido y atendido más de 27 mil denuncias por posibles actos de corrupción.

Subrayó que en las últimas semanas aplicó multas por más de 21 millones de pesos a más de 12 empresas proveedoras, muchas de ellas monopolios que, con base en información falsa, incumplimientos y defraudaciones, afectaron la operación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sus usuarios.

Detalló que, en esta materia, propuso al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción el nuevo Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas para combatir los conflictos de interés, el cual, al ser aprobado, será obligatorio para todos los entes públicos del país y regulará el contacto entre servidores públicos y particulares en procedimientos de esta naturaleza.

En su exposición, destacó la necesaria participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción, a través de herramientas como el Programa de Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción, cuyo protocolo fue recientemente publicado en el Diario Oficial de la Federación, mismo que fortalecerá el análisis de riesgo y las medidas de protección para quien denuncia actos de corrupción. Además, propuso a las y los legisladores acompañar una iniciativa para promover una Ley de Protección y Estímulo a quienes alertan para evidenciar la corrupción.

Informó que la Función Pública también acompaña los proyectos prioritarios del Gobierno federal, para garantizar su desarrollo con estricto apego a la ley y sin corrupción, y apoya la implementación de los programas de bienestar.

En cuanto a la política de Austeridad Republicana, el Gobierno de México ha liberado más de 560 mil millones de pesos que han ayudado al país a hacer frente a la pandemia por Covid-19.

Añadió que, sumada a todas las medidas de austeridad puestas en marcha desde el inicio de la actual administración, “en medio de la pandemia, también contribuimos a la implementación de medidas extraordinarias para atender la salud de los mexicanos y todos los servidores públicos colaboramos con un ajuste a la baja de 75% en gasto que libera recursos por más de 26 mil millones de pesos”.

La secretaria Sandoval Ballesteros refirió que, con base en la fiscalización de los recursos federales ejercidos por gobiernos estatales y municipales, en esta administración la Función Pública auspició la recuperación de 9 mil millones de pesos, de 50 mil millones que habían quedado sin aclarar por parte de las entidades federativas.