>> Jorge Alberto Hank Inzunza figura como socio en empresas señaladas por lavado de dinero en Baja California

 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció el 18 de septiembre nuevas sanciones contra una red de lavado de dinero vinculada al brazo Los Mayos del Cártel de Sinaloa, encabezada por el empresario Jesús González Lomelí, con operaciones en Tijuana y Playas de Rosarito.

Entre las personas y empresas sancionadas, OFAC identificó vínculos societarios con Jorge Alberto Hank Inzunza, empresario mexicano y propietario del club de futbol Xolos de Tijuana, en al menos dos firmas señaladas por el gobierno estadounidense: Grupo Hotelero JJJ S.A. de C.V. y Complejo Turístico JJJ S.A. de C.V.

Según OFAC, González Lomelí habría utilizado restaurantes, hoteles y centros nocturnos para lavar ingresos ilícitos del narcotráfico. La red incluye cinco personas y 15 empresas, varias de las cuales fueron constituidas en 2021 en Baja California y mantienen estructuras societarias que documentan la participación de Hank Inzunza en diversos momentos.

El empresario reconoció públicamente haber sido socio fundador de algunas de las compañías involucradas, pero aseguró haberse desvinculado en enero de 2022, además de negar conocer cualquier relación delictiva por parte de González Lomelí. No obstante, registros mercantiles y documentos públicos revelan que algunas empresas aún conservan datos que motivaron la inclusión en la lista de OFAC.

De acuerdo con John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de EE.UU., el objetivo de estas medidas es cerrar el acceso de los cárteles al sistema financiero estadounidense, desmantelando su capacidad operativa mediante el congelamiento de activos y la restricción de operaciones con instituciones financieras globales.

Especialistas en compliance y prevención de lavado de dinero señalaron que las consecuencias para las personas y empresas sancionadas incluyen:

• Congelamiento de cuentas y activos en EE.UU.

• Pérdida de acceso a bancos internacionales y líneas de crédito

• Bloqueo de transacciones transfronterizas y contratos comerciales

• Afectaciones reputacionales y comerciales, especialmente en sectores como el deportivo y el turístico

Además, las empresas involucradas podrían enfrentar bloqueos precautorios por parte de instituciones financieras en México, que están obligadas a revisar cualquier vínculo con personas designadas por OFAC.

Tras el anuncio de las sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó la suspensión de operaciones bancarias a cuentas vinculadas con la red investigada, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) analiza abrir carpetas de investigación penal si se comprueban delitos financieros.

En el caso de Hank Inzunza, aún no se ha emitido una acusación formal, pero los efectos administrativos y reputacionales ya impactan su entorno empresarial. En particular, podrían surgir consecuencias para el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, como:

• Pérdida de patrocinios

• Revisión de contratos comerciales

• Limitaciones en operaciones bancarias internacionales

• Auditorías fiscales o financieras por parte de autoridades mexicanas

Expertos en regulación financiera recomiendan a personas físicas y morales señaladas por OFAC:

• Preparar documentación contable y societaria completa

• Notificar a bancos y proveedores sobre su estatus y posición legal

• Solicitar auditorías externas y revisiones internas

• Iniciar procedimientos de solicitud de exclusión de listas de sanciones, si procede

Las sanciones refuerzan la presión sobre las autoridades mexicanas para mejorar la supervisión en zonas de alto riesgo, como Tijuana, Playas de Rosarito y otros puntos estratégicos para el narcotráfico. Analistas subrayan que la infiltración del crimen organizado en estructuras empresariales legítimas continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad nacional y el sistema financiero.

Aunque la inclusión en la lista OFAC no equivale a una condena judicial, sí representa consecuencias inmediatas, tanto legales como operativas, que deben ser atendidas por las personas y empresas afectadas.

Este caso pone en evidencia la delgada línea entre el ámbito empresarial y estructuras delictivas, especialmente cuando hay vínculos financieros o societarios no suficientemente auditados. En un contexto donde el fútbol mexicano y sus clubes han sido observados por temas de lavado de dinero, la situación de Hank Inzunza podría tener repercusiones más allá del ámbito legal, afectando el entorno deportivo, mediático y social.

Fuente: Agencia de noticias ANSIC.MX
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Periodista: Froylán Méndez Ferrer – froylanmf@gmail.com