> La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos pide al Estado Mexicano acciones urgentes para garantizar la seguridad vial de las infancias.
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) ha emitido una solicitud formal al Estado Mexicano, exigiendo que se extienda la legislación sobre extinción de dominio a vehículos motorizados utilizados para el transporte de menores de edad en condiciones inseguras. Esta solicitud, realizada por Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, busca que el gobierno mexicano adopte medidas más estrictas para proteger a las infancias en los espacios públicos y en las carreteras, en cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
La responsabilidad compartida
El mensaje de la CIDHPDA subraya que la seguridad en las carreteras es una responsabilidad compartida entre las autoridades y los conductores. Según la Comisión, la falta de medidas adecuadas de seguridad por parte de ambos actores, especialmente en el transporte de menores de edad, es la causa de numerosos accidentes de tráfico que ponen en grave riesgo la vida de niños y adolescentes. “Las omisiones en cuanto a la seguridad en las carreteras son responsabilidad compartida entre las autoridades y los conductores”, expresó Gutiérrez Yáñez, quien destacó que la irresponsabilidad al volante es una de las principales causantes de estos incidentes.
La reforma y las cifras alarmantes
El tema cobra relevancia al considerar la reforma aprobada en 2023 por la Cámara de Diputados, que prohíbe el transporte de menores de 12 años en motocicleta. Esta legislación responde a un creciente problema que afecta la seguridad de las infancias en el país. Sin embargo, el problema sigue siendo de gran magnitud. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se registraron 377,231 accidentes de tránsito, de los cuales 53,629 involucraron motocicletas. En 2023, las cifras de accidentes con motocicletas aumentaron significativamente, alcanzando los 79,283 casos.
Este aumento en los accidentes relacionados con motocicletas refleja un problema que va más allá de las estadísticas: la constante exposición de los menores de edad a riesgos innecesarios debido a la falta de control y las omisiones en la seguridad vial.
Una propuesta de protección integral
Ante este panorama, la CIDHPDA propone que el Estado Mexicano incluya el transporte imprudente de menores de edad en motocicletas dentro de la lista de delitos que ameritan la extinción de dominio. Esto implicaría que el Estado pueda incautar los vehículos motorizados utilizados en estos traslados, como una medida para frenar la violación de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, quienes están constantemente expuestos a un peligro latente por la falta de regulación en el transporte.
Gutiérrez Yáñez hizo un llamado a la acción a las autoridades para que, además de sancionar a los conductores irresponsables, también implementen un marco legislativo que garantice la seguridad de los menores en las vías públicas. De acuerdo con la CIDHPDA, las políticas públicas del Estado Mexicano deben poner a la niñez en el centro de sus prioridades y asegurarse de que su bienestar y desarrollo no se vean comprometidos por las omisiones en materia de seguridad vial.
Fuente: Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA).
