
>>Organización condena uso de software espía y llama a que caso no quede impune tras señalamientos contra expresidente Peña Nieto
Enlace de la Costa
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), a través de Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, expresó su enérgico rechazo al espionaje estatal, especialmente cuando se vincula con actos de corrupción, violaciones a derechos humanos y persecución de periodistas y defensores.
La CIDHPDA lamenta que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) no se haya iniciado una investigación formal a pesar de las múltiples denuncias que apuntaban al uso del software espía Pegasus con fines políticos y represivos.
Recientemente, el medio israelí The Marker reveló presuntos sobornos por 25 millones de dólares entregados a Peña Nieto para asegurar contratos relacionados con el software, lo que motivó un pronunciamiento serio por parte del actual Ejecutivo y la apertura de una carpeta de investigación por la Fiscalía General de la República (FGR).
La CIDHPDA insta a las autoridades mexicanas a conducir una investigación transparente, imparcial y exhaustiva, incorporando toda la información disponible y la cooperación internacional solicitada a Israel. La sociedad mexicana exige claridad y justicia efectiva ante estas graves violaciones a la privacidad y a los derechos humanos.
Organizaciones como R3D y Artículo 19, junto con el testimonio del testigo protegido conocido como “Zeus”, han documentado una red de corrupción, espionaje, lavado de dinero y encubrimiento que permanece impune.
La falta de voluntad política para sancionar estos delitos, incluso tras el escándalo internacional de Pegasus en 2021, representa un serio retroceso para el Estado de derecho y la protección de las libertades fundamentales en México.
La CIDHPDA reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a la verdad, y advierte que la justicia no puede depender únicamente de la presión mediática internacional, sino que debe ser una responsabilidad permanente del Estado mexicano.
Fuente: Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), comunicado oficial, 8 de julio de 2025.