Familia denuncia intento de soborno tras el ataque; el caso genera indignación nacional y exige respuestas inmediatas

Un niño de tan solo 7 años de edad, identificado como Joshua, fue asesinado el pasado jueves 4 de septiembre por agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, tras una serie de disparos injustificados contra el vehículo en el que viajaba con sus padres en la carretera Reynosa–San Fernando. El menor recibió un impacto de bala en la cabeza, mientras su padre sufrió una fractura en el cráneo y una herida facial, y su madre resultó con una fractura de brazo provocada por tres impactos de bala.

Según los primeros reportes, los agentes perseguían a un supuesto vehículo sospechoso, pero al no verificar adecuadamente, confundieron el automóvil de la familia, que se trasladaba desde Ciudad Victoria hacia Reynosa. El operativo culminó en una tragedia: disparos a las llantas del automóvil familiar, seguidos por una ráfaga contra los ocupantes, sin previa identificación.

Una vez que los agentes se percataron del “error”, ofrecieron disculpas a los sobrevivientes. Sin embargo, la familia rechaza cualquier justificación y exige justicia inmediata. Lo más grave, aseguran, es que elementos de la corporación intentaron sobornarles con 120 mil pesos para que no se procediera legalmente. Esta acusación no ha sido reconocida oficialmente por la Fiscalía, pero ha sido difundida por medios locales y redes sociales.

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó el incidente y anunció una investigación para determinar las responsabilidades. De acuerdo con su versión, el tiroteo se produjo luego de que personas en dos vehículos —uno rojo y otro blanco— presuntamente dispararan contra los agentes. La policía ministerial habría reaccionado al ataque, pero terminó disparando contra el vehículo equivocado, sin que hasta el momento se haya confirmado si hubo un enfrentamiento previo o si fue una confusión total del operativo.

La noticia generó una oleada de indignación en redes sociales, con llamados a la destitución de los agentes responsables, exigencias de rendición de cuentas y protestas contra la creciente impunidad de las fuerzas de seguridad en el estado. Hashtags como #JusticiaParaJoshua y #NoFueUnErrorFueElEstado se volvieron tendencia nacional, visibilizando el dolor y la frustración social ante un nuevo caso de violencia policial injustificada.

Organismos de derechos humanos y activistas señalaron que este hecho se suma a una larga lista de abusos cometidos por fuerzas estatales y federales en la región. Tamaulipas, considerado uno de los estados con mayor índice de violencia, enfrenta una profunda crisis de seguridad pública y una desconfianza generalizada en las instituciones.

Este caso reabre el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes ministeriales, la falta de protocolos de verificación en operativos y el uso desproporcionado de armas contra civiles inocentes. La muerte de Joshua no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de violencia institucional que continúa cobrando vidas en México.

El país atraviesa momentos críticos en materia de seguridad, donde las víctimas colaterales ya no son la excepción, sino una preocupante constante. La sociedad exige respuestas claras, sanciones efectivas y un compromiso real de las autoridades para prevenir que tragedias como esta se repitan.

Redacción Libertad y Expresión, afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO)