La resolución permite reactivar medidas del INDAUTOR contra la explotación de elementos culturales indígenas
Enlace de la Costa
La Secretaría de Cultura del Gobierno de México reconoció la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolvió a favor de la protección del patrimonio cultural del Pueblo Maya, al permitir que se reactiven las medidas del Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) contra su uso comercial indebido.
La resolución, emitida el 26 de marzo de 2026, revoca una suspensión previa que había detenido las acciones legales, lo que ahora obliga a retirar materiales promocionales y contenidos digitales que utilizan elementos culturales mayas sin autorización.
De acuerdo con la titular de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, el fallo representa un avance significativo en la defensa de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al reafirmar que su patrimonio no puede ser tratado como un recurso explotable con fines privados.
La funcionaria subrayó que estas expresiones culturales constituyen una parte viva de la identidad, historia y vida comunitaria de los pueblos originarios, por lo que su protección debe estar por encima de intereses económicos.
El proceso legal inició tras una queja presentada ante el INDAUTOR por el uso inapropiado de elementos del patrimonio maya en la promoción de servicios turísticos por parte de una empresa privada.
Como respuesta, se ordenó el retiro de contenidos y la suspensión de su explotación comercial; sin embargo, un juez concedió una medida cautelar que permitió la continuidad de dicha difusión.
Con la resolución de la SCJN, dichas medidas vuelven a entrar en vigor, obligando a detener la utilización indebida de símbolos, imágenes y otros elementos culturales del Pueblo Maya.
La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso de impulsar acciones para salvaguardar el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociendo su papel fundamental en la diversidad cultural de México.
El fallo también sienta un precedente en la defensa jurídica del patrimonio cultural, al establecer que su carácter colectivo debe prevalecer frente a intereses particulares.
Fuente: Secretaría de Cultura del Gobierno de México
