La política de “estilo Jalisco” enfrenta críticas por exigir información privada para acceder al transporte público y elevar costos.

Enlace de la Costa

La implementación de la llamada Tarjeta Única de transporte público en Jalisco ha generado críticas por parte de analistas y ciudadanos, quienes advierten que la medida, presentada como un avance en modernización e inclusión digital, podría excluir a los sectores más vulnerables y comprometer datos personales sensibles.

Bajo el discurso de la innovación y las “soluciones digitales”, el gobierno estatal impulsa un sistema que centraliza el pago del transporte público. Sin embargo, a diferencia de otras ciudades del país donde las tarjetas se adquieren de forma inmediata y sin requisitos adicionales, en Jalisco el registro exige identificación oficial, comprobante de domicilio, teléfono celular, acceso a internet y tiempo disponible en días hábiles, condiciones que no todos los usuarios pueden cumplir.

La política coincide con un incremento en el costo del transporte público, conocido como “tarifazo”, lo que refuerza las críticas sobre su impacto social. Especialistas señalan que estas exigencias afectan principalmente a personas en situación de precariedad, quienes dependen en mayor medida del transporte público para trabajar o estudiar.

Además, el aviso de privacidad de la plataforma asociada al sistema, operada por la empresa Broxel, ha encendido alertas. De acuerdo con la información disponible, el registro permitiría el acceso a historial crediticio, datos biométricos y el uso de la información con fines de mercadotecnia, así como su posible transferencia a socios comerciales. La empresa ha enfrentado previamente denuncias de usuarios por el manejo de datos.

A nivel financiero, se estima que mantener activas alrededor de tres millones de tarjetas podría costar al Gobierno de Jalisco cerca de 200 millones de pesos anuales, cifra que aumentaría conforme se registren más usuarios, independientemente de los subsidios otorgados.

En respuesta, la herramienta de participación ciudadana del estado ya superó el número de firmas requeridas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para promover un referéndum estatal que podría revertir la medida.

Para sus críticos, la Tarjeta Única representa una política pública que exige más de lo que ofrece: condiciona un servicio esencial al intercambio de datos personales y a requisitos tecnológicos que no son universales. El debate se centra ahora en si esta estrategia realmente constituye un avance en movilidad y modernización, o si se trata de una medida que, bajo la apariencia de progreso, profundiza desigualdades y riesgos para la privacidad.