El municipio amaneció este martes sumido en el luto y la indignación tras confirmarse el asesinato del síndico municipal Vicente Santos Cruz y su esposa, Celerina “N”, cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en el interior de su vivienda en la comunidad de Tierra Blanca, en la región Costa de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el doble crimen ocurrió entre la noche del lunes 22 y la madrugada del martes 23 de septiembre. Un familiar fue quien localizó los cuerpos alrededor de las 10:00 horas y dio aviso a la policía local.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que un equipo multidisciplinario, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), se trasladó al lugar de los hechos para realizar diligencias periciales. Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente que se trata de un homicidio, las líneas de investigación permanecen abiertas y se presume un ataque armado dentro del domicilio.

Una región bajo asedio: violencia contra autoridades municipales

Este crimen se suma a una serie de asesinatos de funcionarios municipales en la región. En los últimos meses han sido asesinados:

• Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha

• Lilia Gema García Soto, alcaldesa de San Mateo Piñas

Asimismo, se han registrado otros hechos violentos en comunidades rurales e indígenas de la Sierra Sur y la Costa, como el asesinato de un joven de 15 años en Santiago Amoltepec, y de Juan Rivas M., hermano de una expresidenta municipal en Santiago Jamiltepec.

De acuerdo con organizaciones civiles y analistas locales, estos ataques estarían relacionados con conflictos por tierras, recursos naturales o la presencia creciente de grupos criminales que desafían a las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas.

El asesinato del síndico ocurre a semanas de las elecciones comunitarias programadas para octubre, según el calendario del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), bajo el sistema normativo interno que rige en San Pedro El Alto.

Como síndico, Santos Cruz tenía funciones clave en el proceso electoral, como expedir cartas de no antecedentes penales a los aspirantes, un documento indispensable para registrarse como autoridad comunitaria. Por ello, el crimen también abre sospechas sobre una posible manipulación o intento de desestabilización del proceso político local.

“La comunidad considera este asesinato no solo una tragedia personal, sino un atentado contra su autonomía y su sistema de gobierno indígena”, señalaron líderes locales en entrevista con la agencia ANSIC.

La FGEO aseguró que desplegó peritos especializados para procesar la escena del crimen, recolectar pruebas y avanzar con celeridad en la investigación. Hasta el momento no hay personas detenidas, y los pobladores exigen que las autoridades estatales y federales garanticen seguridad y eviten que el caso quede impune.

Organizaciones como Human Rights Watch han documentado el incremento de agresiones contra autoridades municipales y líderes comunitarios en estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, especialmente en zonas con conflictos agrarios, disputas por recursos naturales y alta presencia del crimen organizado.

Habitantes de Tierra Blanca y San Pedro El Alto han solicitado una postura oficial del gobernador Salomón Jara Cruz, así como el envío de medidas de seguridad urgentes para proteger a los integrantes del cabildo y garantizar el desarrollo del próximo proceso electoral.

Con la muerte del síndico y su esposa, la comunidad enfrenta un vacío político y un golpe emocional que pone en riesgo la estabilidad social de una región que históricamente ha defendido su autonomía a través de los usos y costumbres.

“La impunidad mata tanto como las balas”, advirtieron defensores comunitarios. “No se puede permitir que la violencia dicte el futuro de nuestros pueblos”.

Fuente:Agencia de Noticias ANSIC.MX
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