
México ya no enfrenta solo al narcotráfico; enfrenta a organizaciones con capacidad bélica comparable a la de ejércitos irregulares. Equipados con drones cargados de explosivos, minas terrestres, lanzacohetes y vehículos blindados artesanales, los cárteles han superado la figura clásica del crimen organizado para consolidarse como fuerzas paramilitares capaces de resistir y repeler operativos oficiales. Expertos en seguridad definen esta evolución como una “revolución militar de los cárteles”.
El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa lideran esta transformación, siguiendo el camino que marcaron Los Zetas en la década de 2000 al militarizar sus filas con exsoldados y desertores. Hoy, los grupos utilizan tecnología sofisticada y armamento pesado —mucho de él proveniente de EE.UU., según la ATF, que señala que el 74% de las armas incautadas en México son de origen estadounidense.
Analistas como Robert J. Bunker y John P. Sullivan han documentado cómo los cárteles replican tácticas aprendidas de insurgencias globales, como las FARC en Colombia, o incluso en conflictos actuales como el de Ucrania, donde se ha denunciado el intercambio ilegal de armamento y técnicas. La experta Vanda Felbab-Brown, del Brookings Institution, señala que “ya no hablamos solo de sicarios, sino de combatientes con entrenamiento militar no convencional”.
Entre sus armas destacan:
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Drones armados con explosivos improvisados.
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Minas caseras con PVC, similares a las usadas en Irak o Siria.
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Vehículos blindados artesanales o “monstruos”.
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Rifles Barrett .50, capaces de perforar blindajes de vehículos oficiales.
Las consecuencias ya son visibles. En estados como Michoacán, Guanajuato y Chihuahua, los ataques con drones han dejado heridos civiles, familias desplazadas, escuelas cerradas y comunidades fantasmas. “Sabíamos que venía el diablo”, dijo una madre en Apatzingán tras un bombardeo con drones del CJNG.
Los cárteles no solo libran una guerra territorial; diversifican su economía criminal mediante extorsión, tráfico de personas, cobro de piso, contrabando de armas y robo de combustibles, generando efectos desastrosos para la economía local y la estabilidad social.
En 2025, Estados Unidos designó al CJNG y al Cártel de Sinaloa como “organizaciones terroristas extranjeras”, elevando la tensión bilateral. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum rechazó la calificación, insistiendo en que el Estado no ha sido rebasado. Pero muchos analistas y ciudadanos ven señales contrarias.
Alejandro Hope, uno de los más reconocidos expertos en seguridad antes de su fallecimiento en 2022, dejó claro que el combate al narco no puede basarse en despliegues militares, sino en inteligencia, control de armas y cooperación internacional real.
En redes sociales, la narrativa no es menos alarmante. Usuarios como @narcoblogger documentan el uso de drones en tiempo real; otros como @WarPath2pt0 difunden imágenes de narcotanques en Tamaulipas y minas activadas en carreteras de Guerrero. La percepción ciudadana mezcla miedo, frustración y resignación, pero también exige resultados.
“No basta con matar cucarachas; hay que fumigar toda la casa”, dijo el periodista Frédéric Saliba, autor del libro Cárteles, un viaje al país de los narcos. Una metáfora dura pero precisa: los cárteles mutan, se adaptan, sobreviven y se expanden si no se ataca el ecosistema que los permite:
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Corrupción institucional
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Tráfico de armas desde EE.UU.
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Debilidad del Estado de derecho
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Demanda constante de drogas
Lo que comenzó como contrabando de drogas hoy opera como un conflicto irregular de alta intensidad. Los expertos lo resumen en tres escenarios futuros:
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Optimista: desarticulación con inteligencia e inversión social sostenida.
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Intermedio: contención basada en operativos selectivos y acuerdos locales.
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Pesimista: consolidación de cárteles como autoridades paralelas con control territorial, infraestructura y legitimidad social en regiones completas.
“El narco no solo desafía al Estado; lo suplanta donde éste se retira”, sentencia el investigador Carlos Pérez Ricart. El reto para México ya no es solo judicial ni policiaco. Es estratégico, regional y estructural.