Narcos imponen cuotas, controlan precios y amenazan a comerciantes en Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas y otras entidades
El crimen organizado ha consolidado un control sin precedentes sobre la economía local en al menos nueve estados del país, donde productos de consumo diario como tortillas, carne, huevo, mango, agua potable y cerveza están sujetos a extorsión, precios inflados y distribución bajo amenaza, según reportes de El Universal, Infobae y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En entidades como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, Durango, Guanajuato, Morelos y Tabasco, los cárteles utilizan el “cobro de piso”, amenazas, violencia y control de rutas para someter a productores, comerciantes y consumidores. Esta situación ha generado un clima de miedo, precariedad económica y renuncia a la denuncia, bajo el dominio de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Los Viagras, Los Ardillos y el Cártel de Sinaloa.
En Michoacán, los productores de aguacate —uno de los principales productos de exportación del país— son extorsionados por kilo cosechado y hectárea sembrada. Algunos incluso han sido despojados de sus tierras, ahora operadas por los mismos grupos criminales.
En el Istmo de Tehuantepec, que abarca Oaxaca y Veracruz, los productores de mango son obligados a vender su cosecha a precios injustos —una caja que debería venderse en $1,200 pesos es comprada por apenas $250—. Los agricultores, temerosos de represalias, evitan cualquier tipo de denuncia.
En Tamaulipas, el crimen organizado controla el comercio de carne, huevo y cerveza, imponiendo a los ciudadanos proveedores específicos, encareciendo los productos y eliminando la competencia. Incluso en eventos públicos, los organizadores deben adquirir mercancías de distribuidores ligados a cárteles.
El control criminal se extiende también a materiales de construcción y, en el caso extremo de Guerrero, al agua potable, privatizada de facto por grupos como Los Ardillos y el CJNG, que exigen pagos desorbitados a comunidades rurales para permitir el acceso.
En Morelos, más del 50% de los pequeños comerciantes paga extorsiones. En Guanajuato, las tortillerías son blanco frecuente de ataques, lo que ha obligado a decenas de negocios a cerrar en ciudades como Celaya, donde operar un comercio se ha vuelto una actividad de alto riesgo.
En julio de 2025, el gobierno federal implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, con estos nueve estados como foco prioritario. Sin embargo, los resultados han sido limitados. Aunque se han realizado capturas de cabecillas en Guerrero y Veracruz, la fragmentación de grupos criminales ha generado nuevas células con dinámicas más violentas y difíciles de rastrear.
La corrupción institucional y el temor a represalias impiden la denuncia ciudadana, perpetuando el control de los cárteles sobre la economía local. Productores agrícolas en Michoacán y Veracruz expresan sentirse abandonados por las autoridades, atrapados en un sistema donde la única opción viable es acatar las condiciones del crimen organizado.
Las consecuencias van más allá de lo económico. La constante extorsión fractura el tejido social, promueve el éxodo de pequeños comerciantes y genera un ambiente de resignación colectiva. En Durango y Tabasco, los pescadores y agricultores pagan cuotas que reducen al mínimo sus ingresos, mientras que los consumidores enfrentan precios elevadísimos.
Los niños y adultos mayores de comunidades sin agua o electricidad, como ocurre en varias zonas rurales de Oaxaca y Guerrero, sufren de manera desproporcionada. En Morelos, rutas de transporte han sido suspendidas por amenazas a choferes y concesionarios.
