> Desde 2019, México suma 80 homicidios y más de 800 agresiones contra religiosos, en medio de la impunidad y el crimen organizado

La violencia contra líderes religiosos en México ha alcanzado niveles alarmantes durante los últimos siete años. De acuerdo con datos del Centro Católico Multimedial (CCM), 12 sacerdotes han sido asesinados entre 2019 y octubre de 2024, en un contexto dominado por la impunidad y la expansión del crimen organizado. El país mantiene así su lugar como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y el inicio de la actual administración de Claudia Sheinbaum, los registros documentan 80 asesinatos, 95 atentados y más de 800 casos de extorsión y amenazas contra religiosos. Los estados más afectados son Michoacán, Guerrero, Veracruz, Ciudad de México, Chihuahua y Chiapas.

Según el CCM, muchos de los sacerdotes asesinados estaban involucrados en tareas de mediación de conflictos, defensa de migrantes y denuncias públicas contra abusos del crimen organizado o autoridades locales. El padre Marcelo Pérez Pérez, asesinado en octubre de 2024 en Chiapas, había recibido amenazas desde 2015 y contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su muerte expuso fallas en los esquemas de protección federales.

Otros casos emblemáticos incluyen el de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, asesinados dentro de su templo en Chihuahua en 2022; o el del padre José Guadalupe Rivas, defensor de migrantes en Baja California. En muchos casos, los agresores han sido vinculados directamente a grupos delictivos como el Cártel de Sinaloa o el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Más del 80% de los casos de homicidios y agresiones contra religiosos permanecen sin resolver. “Los sacerdotes son estabilizadores sociales; eliminarlos rompe el tejido comunitario y refuerza el dominio del crimen”, advirtió el padre Omar Sotelo, director del CCM.

A pesar de las demandas de la Iglesia Católica, las acciones del Estado han sido consideradas insuficientes. La estrategia de “abrazos, no balazos” de López Obrador fue ampliamente criticada por no contener la violencia, y hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum no ha presentado resultados concretos en materia de protección a líderes religiosos o políticas de seguridad efectivas.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha exigido una revisión profunda de la política de seguridad nacional, mientras que iniciativas como el Diálogo Nacional por la Paz, impulsadas tras los asesinatos de 2022, buscan articular esfuerzos entre Iglesia, sociedad civil y autoridades.

Además de los asesinatos, las extorsiones a templos se han convertido en una práctica común: parroquias son obligadas a pagar “cuotas” de hasta la mitad de las ofrendas recolectadas durante fiestas patronales. Esta situación agrava la precariedad de comunidades rurales, que ven a los sacerdotes como sus principales referentes morales, espirituales y sociales.

México, donde el 80% de la población profesa el catolicismo, enfrenta un desafío estructural: garantizar la libertad religiosa y la integridad de quienes ejercen labores pastorales en zonas vulnerables.

“La estrategia de seguridad es fallida y va a haber más sangre si no se cambia”, advirtió el cardenal Felipe Arizmendi, en un llamado urgente a las autoridades.

Mientras la violencia persiste, comunidades como la rarámuri en Chihuahua mantienen vivas sus tradiciones espirituales con ceremonias como el Yúmari, en memoria de los sacerdotes caídos. La pregunta se mantiene abierta: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que México deje de ser un país hostil para los religiosos?

Fuente: Centro Católico Multimedial (CCM), Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), ONU-DH, CIDH, entrevistas con líderes religiosos.