>>Un testigo clave señala a exprocuradores y al CJNG por exigir pagos a miles de estaciones de servicio en México.

Enlace de la Costa

Funcionarios y crimen organizado bajo investigación
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga una presunta red de extorsión contra alrededor de 6 mil gasolineras en el país, en la que estarían implicados exfuncionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y cárteles criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Santa Rosa de Lima y Guerreros Unidos. Entre los señalados figuran los exprocuradores Ricardo Sheffield y David Aguilar Romero.

El caso, registrado en la carpeta FEMDO/FEITATA-CDMX/0000899/2024, se destapó el 5 de febrero de 2025 con la declaración de un excolaborador de Profeco, identificado como “Pablo”. Según su testimonio, los involucrados cobraban cuotas mensuales de entre 20 mil y 25 mil pesos a empresarios gasolineros para evitar inspecciones punitivas o acusaciones de irregularidades. Parte de estos recursos se destinaba a cárteles que “protegían” la red y aseguraban el cumplimiento de las extorsiones mediante amenazas.

Modus operandi: intimidación y complicidad
La FGR ha identificado grupos de exfuncionarios, denominados los “Guanajuatenses” y el “Grupo Monterrey”, que operaban con listas de pagos registradas en archivos de Excel. En la Ciudad de México y el Estado de México, al menos tres personas coordinaban la intimidación directa contra propietarios de gasolineras. “Talía, una de las involucradas, me comentó que el CJNG les brindaba protección y recibía parte del dinero recaudado”, declaró el testigo.

De acuerdo con la investigación, las verificaciones de Profeco, destinadas a garantizar que las estaciones vendieran litros completos, fueron usadas como herramienta de presión. En 2025, la dependencia reportó 262 inspecciones, con solo dos casos detectados de irregularidades en la CDMX y el Edomex, lo que refuerza las sospechas de manipulación.

Impacto en el sector gasolinero y reacción empresarial
El sector gasolinero, con más de 12 mil estaciones de servicio en México, es altamente vulnerable por su rentabilidad y por la compleja regulación a la que está sujeto. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) calificó las revelaciones como “un golpe a la confianza en las instituciones” y exigió sanciones ejemplares, así como medidas para proteger a los empresarios frente a las amenazas del crimen organizado.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho” y designado en febrero de 2025 como “organización terrorista extranjera” por Estados Unidos, ha expandido sus operaciones a sectores económicos estratégicos como la distribución de combustibles, además de narcotráfico, robo de hidrocarburos y estafas comerciales.

Una herida abierta para las instituciones
Este escándalo refleja la vulnerabilidad institucional ante el crimen organizado y la urgencia de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública advirtió que la impunidad ha permitido el crecimiento del CJNG con la complicidad de autoridades locales y federales.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha emitido postura oficial, aunque fuentes de la Secretaría de Gobernación confirmaron que se prepara una revisión interna en Profeco. Mientras tanto, la FGR continúa reuniendo pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades y desmantelar la red de corrupción.

Fuente: Redacción Oaxaca Sin Fronteras / Afiliado al Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO).