
>>Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado a cadena perpetua, fue uno de los ocho criminales considerados “monstruosos” por el DHS
Enlace de la Costa
Ciudad de México, 22 de mayo de 2025.– El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos confirmó este miércoles que realizó un vuelo de deportación desde Texas, en el que fueron trasladadas ocho personas consideradas por la autoridad como “algunos de los individuos más bárbaros y violentos establecidos ilegalmente en Estados Unidos”.
Entre los deportados se encuentra el mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez, condenado a cadena perpetua por homicidio en segundo grado, quien fue expulsado junto con otros siete individuos cuyas nacionalidades no han sido divulgadas en su totalidad.
La funcionaria del DHS, Tricia McLaughlin, señaló que se trataba de criminales cuyos actos fueron de una naturaleza tal que “ningún país quería aceptarlos porque sus crímenes son únicos, monstruosos y bárbaros”. Sorprendentemente, el único país que aceptó recibirlos fue Sudán del Sur, nación que atraviesa una compleja situación política y humanitaria.
El vuelo ha generado controversia internacional y cuestionamientos sobre la legalidad y ética de enviar criminales a un país con limitada capacidad institucional para su resguardo. Aunque no se han detallado los acuerdos bilaterales que hicieron posible este traslado, el caso ha despertado críticas de organismos de derechos humanos que señalan el riesgo que implica enviar personas condenadas por delitos graves a naciones con débiles sistemas penitenciarios.
Jesús Muñoz Gutiérrez, de origen mexicano, purgaba su condena en una prisión de alta seguridad en Texas. Según fuentes federales, su historial delictivo incluye además de homicidio, presunta participación en redes del crimen organizado.
Este episodio ocurre en un momento en el que Estados Unidos endurece su política migratoria y de deportaciones, enfocándose en individuos con historial criminal. Las autoridades han reiterado que la protección de sus ciudadanos es prioritaria, incluso si esto implica medidas drásticas como enviar personas condenadas a países que no forman parte habitual de acuerdos de repatriación.
Por su parte, el Gobierno de México no se ha pronunciado hasta el momento sobre la deportación de Muñoz Gutiérrez a un tercer país, lo que podría derivar en cuestionamientos diplomáticos o jurídicos, al tratarse de un ciudadano mexicano trasladado a una nación distinta a la suya.
Analistas en derecho internacional advierten que esta medida podría sentar un precedente riesgoso en materia de deportaciones, pues abre la puerta a que países eludan sus responsabilidades legales transfiriendo a personas condenadas a terceros Estados sin garantías claras.
Mientras tanto, la situación en Sudán del Sur, país que aceptó a los deportados, será observada de cerca por organismos internacionales, dado el potencial riesgo para la seguridad pública local y para los propios reclusos.
Fuente:
Departamento de Seguridad Interior de EE. UU. (DHS), declaraciones oficiales