Piden intervención de autoridades locales y federales tras denuncias de violaciones al debido proceso en el caso de homicidios y desapariciones.
Enlace de la Costa
Familiares de los detenidos en el caso relacionado con homicidios y desapariciones en Huatulco han solicitado, a través de una carta dirigida al fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, y al gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, la liberación inmediata de sus seres queridos, así como el cese de cualquier involucramiento injustificado en los delitos en cuestión. Según los allegados, los detenidos no tienen relación con los homicidios de las víctimas provenientes de Tlaxcala, ni recibieron denuncias sobre desaparecidos en esa región.
De acuerdo con versiones de los familiares, los detenidos nunca fueron informados de las denuncias por desaparición de personas ni homicidios ocurridos en la localidad de Huatulco. La denuncia fue recibida en Ciudad Oaxaca, y, según indican, los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados en Huatulco, lo que, según su perspectiva, demuestra que no existen elementos suficientes para vincular a los detenidos con los crímenes.
A pesar de ello, las autoridades locales actuaron de manera que los involucrados se vieron detenidos en dos ocasiones por el mismo caso. Los Agentes Estatales de Investigación (AEI) fueron liberados temporalmente tras vencer el término de las 48 horas, sin embargo, al salir en libertad, fueron nuevamente arrestados por agentes investigadores, quienes los vincularon al mismo delito de resistencia de particulares. Esta situación ha causado alarma entre los familiares, quienes denuncian una violación al debido proceso y a los derechos humanos.
Los allegados a los detenidos hacen un llamado a que se detenga lo que califican como una simulación de justicia, advirtiendo que las acciones de los fiscales y las autoridades responsables están atentando contra los derechos fundamentales de los individuos implicados. Además, señalan que el fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, está siendo señalado por su responsabilidad en las detenciones irregulares, e incluso algunos piden su destitución y que se le lleve ante la justicia.
En un clima de creciente tensión, los familiares de los detenidos también exigen la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), argumentando que sus seres queridos están siendo tratados como “chivos expiatorios” y que se está vulnerando su derecho a un proceso justo y a la protección de sus derechos.
Los denunciantes insisten en que sus familiares no tienen ninguna implicación en los crímenes ocurridos en la zona de Huatulco y que la justicia debe prevalecer, sin que se utilicen a los detenidos como culpables sin pruebas suficientes. También solicitan que se realicen investigaciones transparentes y se garanticen los derechos de los detenidos conforme a las leyes nacionales e internacionales.
Fuente: Información recabada de fuentes cercanas a los afectados y declaraciones públicas.
