>> Por violaciones a la Ley que prohíbe el uso y distribución de pet y unicel en Oaxaca.
>> Señala el diputado, Horacio Sosa Villavicencio, que la SEMAEDESO ha incumplido en generar acciones de difusión, socialización y ejecución de la reforma.
Congreso 64
San Raymundo Jalpan, Oaxaca
27 de octubre de 2020
El Congreso de Oaxaca pedirá al titular de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca (SEMAEDESO), Samuel Gurrión Matías, informar sobre las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y la distribución de desechables de unicel y de los productos envasados en botellas de PET, dio a conocer en entrevista televisiva, el diputado promovente de estas nuevas disposiciones, Horacio Sosa Villavicencio.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, indicó que es responsabilidad de la Secretaría atender, ordenar, vigilar la ejecución de dicha disposición jurídica y, en su caso, sancionar a quienes no cumplan con lo establecido en Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.
Lamentó la omisión que ha mostrado la Semaedeso, instancia encargada de preservar el equilibrio ecológico y mitigar los impactos negativos del cambio climático en Oaxaca, a las disposiciones del Artículo 98 a la Ley en mención, reforma aprobada en abril de 2019 por el Congreso local.
“Pediremos al titular de esta dependencia, Samuel Gurrión Matías, un informe sobre las acciones de difusión que ha hecho de estas nuevas disposiciones. También, revisaremos las sanciones que ha impuesto a las empresas que continúan con la venta y distribución de productos en envases de pet y de desechables de unicel”, apuntó el congresista.
Sosa Villavicencio recordó que el domingo 25 de octubre, venció el plazo de más de un año, que la LXIV Legislatura del Congreso Local otorgó a las empresas para eliminar de su inventario los productos envasados con estos productos.
Las sanciones por el incumplimiento de las nuevas disposiciones son: las diversas ya previstas en el artículo 108 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que incluyen la posibilidad de multas (de diez a cincuenta mil días de salario mínimo), la suspensión o revocación de concesiones o autorizaciones, decomisos, clausuras temporal o definitiva, e incluso el arresto.
Puntualizó que el Congreso Local no está en contra de los empresarios o del libre comercio, sino a favor del medio ambiente. Por esto, pidió a las grandes empresas que los productos que expenden sean amigables y no contribuyan a la degradación de la naturaleza.
