>> Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Congreso local, se exige al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, vigilar que las entidades que manejan recursos públicos no registren subejercicios que representen un retroceso para la entidad.

Enlace de la costa
San Raymundo Jalpan
25 de agosto de 2020

Mediante un punto de acuerdo presentado ante el Congreso local, se exige al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, vigilar que las entidades que manejan recursos públicos no registren subejercicios que representen un retroceso para la entidad.

El promovente de la medida legislativa, el diputado, César Enrique Morales Niño, explicó que estos montos ya etiquetados se encuentran destinados para determinados programas, proyectos u obras públicas que tienen como objetivo erradicar la pobreza, la marginación, mejorar la vida e infraestructura ciudadana, generando con ello progreso social.

Sin embargo, los y las titulares de las dependencias ejecutoras, por alguna acción u omisión no cumplen dentro de los plazos correspondientes y con las formalidades necesarias, algún trámite o requisito, generando con ello la imposibilidad de concretar el gasto de los recursos asignados.

Lo anterior, provoca la devolución de dinero al Gobierno Federal en perjuicio para el Estado y a la sociedad en su conjunto. “El subejercicio de gasto público es evidentemente un insulto y agravio a las grandes necesidades en la entidad”, dijo Morales Niño.

A raíz de que la Gerencia Regional Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, notificara a la Comisión Estatal del Agua la posibilidad de que Oaxaca pudiera perder recursos por no presentar proyectos validados en tiempo y forma, es urgente hacer una revisión al resto de las dependencias estatales que operan con recursos federales.

Por eso fue propuesto emitir un exhorto al Gobernador del Estado para que exija a los y las integrantes de su gabinete legal y ampliado, que actúen con diligencia y máxima responsabilidad para evitar incurrir en estos actos.

El llamado es también para que revise quiénes de los integrantes del gabinete han incurrido en esa práctica, para que a la brevedad posible sean separados del cargo, ya que dicho actuar constituye un acto de corrupción política y administrativa.

De igual forma atendiendo los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, fue propuesto que se haga del conocimiento público los montos y qué dependencias han incurrido en estos actos.