Luis Gallegos

Uno de los grandes temas del sexenio anterior se encontró en el área de comunicación social. La publicidad oficial, y las cantidades que a esta se destinaba, fueron uno de los grandes cuestionamientos de la pasada administración, que llegó a rebasar en un 71% el presupuesto aprobado para publicidad por parte del congreso federal.

Una de las cifras más escandalosas del sexenio pasado, en cuento a publicidad oficial se refiere, se dio en el año de 2017, cuando la administración de Enrique Peña Nieto gasto más de 7 mil millones de pesos para promocionar programas y actividades gubernamentales. Entre las dependencias que mayor gasto ejercieron en este rubro se encuentran la SEP, SEDESOL, SCT y Oficina de Presidencia.

Las cantidades que la anterior administración destinaba a la publicidad, parecen no haberle ayudado de mucho, ya que según una de las últimas encuestas publicadas por Reforma en febrero de 2018, mostraba que un 79% de la población rechazaba el trabajo del gobierno anterior. La cantidad de personas que desaprobó la administración de Enrique Peña Nieto, fue la mayor en la historia del país.

El Gasto que se tenía contemplado para su uso en Campañas y Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales que era de 3 mil 700 millones de pesos. Esta cifra se vio superada ampliamente en las campañas publicitarias.

Uno de los grandes retos que tiene la actual administración, primeramente es buscar disminuir de forma importante el presupuesto ejercido para comunicación social. Un segundo desafío se encuentra en la disminución de los niveles de discrecionalidad con los que se distribuye este presupuesto, es decir, el poder fijar criterios transparentes que permitan clarificar la distribución de los recursos, y conocer las formas, en las que este se distribuirá a los medios, y en función de determinadas variables.

La actual administración parece tener la voluntad política de entrarle al tema, un primer punto fue la disminución en el presupuesto de egresos presentado para el 2019, cuyos recursos para comunicación social, son menores que el presupuesto ejercido el año anterior.

La fijación de criterios de distribución, se pretenden establecer en una especie de Ley de Comunicación Social, que buscaría justamente acabar con la discrecionalidad que ha caracterizado al proceso. Los medios de comunicación deben recibir en proporción y dependiendo de su oficio, una determinada cantidad de publicidad oficial, y que estos mecanismos con los que se haga entrega del recursos sea abierto y conocido, y que este mismo recurso no continúe utilizándose para premiar o castigar medios, según su línea editorial.(enlacedelacosta.com.mx)