>> Este caso se refiere a los hechos en los que 45 personas indígenas tzoziles perdieron la vida y otras 26 personas resultaron lesionadas como resultado de un ataque de grupos paramilitares ocurrido el 22 de diciembre de 1997, en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas.

Enlace de la costa
Ciudad de México
04 de septiembre de 2020

La subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, participó ayer en la firma del Acuerdo de Solución Amistosa en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros, mejor conocido como “Masacre de Acteal”. Este caso se refiere a los hechos en los que 45 personas indígenas tzoziles perdieron la vida y otras 26 personas resultaron lesionadas como resultado de un ataque de grupos paramilitares ocurrido el 22 de diciembre de 1997, en el municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas. Dicho caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El objetivo del acuerdo de solución amistosa consiste en que el Estado repare de manera integral a las víctimas y reconozca su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos que cometió en la época de los hechos. Por ello, el acuerdo incluye una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por el profundo agravio causado por los hechos de la Masacre de Acteal. En la confección del Acuerdo, participó la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de esta Cancillería con el acompañamiento de la CIDH. Destaca en especial la participación de la comisionada y relatora para México, Esmeralda Arosemena.

El Acuerdo incluye como parte de las acciones de reparación del daño, la elaboración de un documental de los hechos y se entregará una compensación económica individual de acuerdo a los más altos estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia ante la que se interpuso la demanda en 2005. El acuerdo firmado incluye a los familiares de 18 víctimas fallecidas y 12 sobrevivientes, por lo que quedan a salvo los derechos de quienes continúan el proceso del caso ante la Comisión Interamericana.

A nombre de las víctimas, Fernando Luna Pérez agradeció la disposición de esta administración para llegar a un acuerdo y recordó que con la denuncia de los afectados fueron procesados 88 civiles paramilitares, 15 funcionarios públicos y hubo 29 órdenes de aprehensión no ejecutadas. Sin embargo, Luna Pérez señaló que no se agotó la línea de investigación relacionada con la estrategia de contrainsurgencia y se pronunció a favor de que se investigue y se lleve a juicio a toda su cadena de mando, por ser los autores intelectuales de la masacre de Acteal.

Durante el evento, que contó con la presencia en representación del Estado mexicano del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, la subsecretaria Delgado resaltó que como parte de su política exterior de derechos humanos, el Estado mexicano tiene como prioridad la celebración de acuerdos de solución amistosa ya que considera de suma importancia, colocar la mirada de atención inmediata a las víctimas, poder reparar de manera integral y con acciones precisas a las personas que fueron víctimas de actos de gobierno de otras épocas y que vulneraron sus derechos humanos fundamentales, pero también trabajar en medidas de no repetición para que los hechos no vuelvan a ocurrir.

La subsecretaria Delgado se comprometió a velar para que las instancias encargadas de la implementación del Acuerdo, entre las que se encuentran la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chiapas, lleven a cabo las acciones comprometidas. De esta manera será posible reportar periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el seguimiento del presente acuerdo hasta su total cumplimiento.

La suscripción del acuerdo representa un ejemplo del sistema de derechos humanos en acción. El gobierno federal subraya su compromiso con los principios de respeto, protección y promoción de los derechos humanos, con la finalidad de garantizarlos y realizar todos los cambios y transformaciones que sean necesarios. Los derechos humanos en México están vinculados con el principio de progresividad, enmarcado en nuestra Constitución, y por los instrumentos internacionales de los que nuestro país es parte. La suscripción de este acuerdo demuestra el compromiso del Estado mexicano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A la fecha, gracias al trabajo de la Cancillería, México ha suscrito un total de 33 acuerdos de solución amistosa en casos ante organismos internacionales de derechos humanos. De estos, 21 han sido homologados, lo cual ocurre cuando hay un cumplimiento casi total de las cláusulas; 12 han sido totalmente cumplidos, y el resto se encuentran en vías de cumplimiento.