Amnistía Internacional denuncia criminalización de defensoras de derechos humanos en México

  • Informe revela uso arbitrario del sistema penal contra defensoras de derechos humanos, sometiéndolas a espionaje y persecución.

Ciudad de México
Enlace de la Costa

Amnistía Internacional México ha presentado su informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”, revelando casos de abuso estatal contra tres defensoras: la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti.
El informe documenta la forma como el personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), desvió recursos de la investigación de una de las violaciones más graves de derechos humanos, como lo es el caso de “las fosas de San Fernando” o “San Fernando II”, para espiar a las tres personas defensoras.
Para proceder en contra de las defensoras de derechos humanos, la SEIDO de la PGR, utilizó sin fundamento el marco jurídico de secuestro y delincuencia organizada para solicitar ilegalmente información de telecomunicaciones de las tres defensoras de derechos humanos.
Así, la SEIDO estableció a quiénes llamaron las tres personas defensoras y dónde estuvieron. Además, pidió ilegalmente sus datos personales para analizar sus firmas. Realizó todo ello sin haber cumplido con las formalidades que exige la ley, destacando la falta de autorización judicial.
Es importante mencionar que Ana Lorena, Marcela y Mercedes fueron espiadas e investigadas dentro del expediente de averiguación previa de las fosas de San Fernando, en el tomo 221 de dicho expediente.
Los agentes de la SEIDO de la PGR realizaron diligencias de investigación sin darle a ninguna de las tres la calidad de “imputadas”; tampoco les notificaron de la acusación en su contra, ni de qué las investigaba.

Investigación y espionaje injustificados
Las tres defensoras fueron investigadas y espiadas por la SEIDO de la entonces PGR, ahora Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la actual Fiscalía General de la República (FGR).
Las acusaron de delitos de delincuencia organizada y secuestro mientras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
Sin embargo, las autoridades no contaban con evidencia suficiente para vincularlas a los delitos mencionados, acusaciones bajo las cuales se justificaron las acciones.

Indefensión y amenaza constante
A pesar de que las acciones datan de 2016, se desconoce si la investigación y el espionaje continúan, dejando a las tres mujeres en una en una constante incertidumbre y riesgo de ser nuevamente perseguidas sin garantías de debido proceso.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, denunció el uso del sistema penal para amedrentar y criminalizar a defensoras de derechos humanos, creando un ambiente de temor entre quienes buscan justicia.

Espionaje autorizado y falta de justicia
Las autoridades responsables del espionaje y la investigación contaron con autorización de altos niveles jerárquicos de la entonces PGR.
Es decir, la SEIDO, de la entonces PGR, desvió recursos para espiar a las defensoras, solicitando ilegalmente datos de telecomunicaciones y personales sin autorización judicial.
Sin embargo, hasta la fecha, ningún funcionario ha sido investigado o sancionado por estas acciones que violaron los derechos a la privacidad, libertad de expresión, defensa de derechos humanos, no discriminación y debido proceso de las defensoras.
Por estas violaciones, ninguna de las tres ha obtenido justicia ni reparación integral del daño. Además, las defensoras han enfrentado serias secuelas físicas, interpersonales, psicológicas y laborales.

Agravios acumulados
A todo ello se suma un agravio más. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cerró la queja que habían interpuesto las defensoras, sin hacer un análisis detallado y correcto sobre las violaciones a derechos humanos.
La CNDH reabrió la queja sólo hasta después de que ellas presentaron un amparo y realizaron múltiples intervenciones con dicha institución.

Recomendaciones a la FGR
El informe de Amnistía Internacional incluye varias recomendaciones para la Fiscalía General de la República (FGR):
* No ejercicio de la Acción Penal contra Ana Lorena, Marcela y Mercedes.
* Detener cualquier investigación y espionaje arbitrario en su contra.
* Frenar la criminalización del trabajo de defensa de derechos humanos, periodismo y forense.
* Eliminar información confidencial y personal de las defensoras del expediente de San Fernando.
* Investigar y sancionar a los funcionarios involucrados en el espionaje y la investigación indebida.
* Realizar una reparación integral del daño a las víctimas y ofrecer disculpas públicas.

Fuente: Amnistía Internacional

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